El fiscal federal Sergio Mola pidió la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio por riesgo procesal, pero el juez federal Luis Armella rechazó la solicitud. La causa investiga enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El fiscal federal Sergio Mola solicitó la detención de Martín Insaurralde y su exesposa Jésica Cirio ante el riesgo procesal que, según sostuvo, representan las nuevas evidencias incorporadas al expediente. Entre ellas, se encuentran videos en los que se observa a Cirio rodeada de fajos de dólares guardados en bolsas dentro de un vestidor, hallazgo que los investigadores estiman en millones de dólares. El juez federal Luis Armella rechazó el pedido.
Mola considera que los dólares en bolsas de plástico que se vieron en los videos grabados por Cirio son de la pareja y los imputará al momento de tener que justificar sus bienes y solicitar nuevamente su declaración indagatoria.
Desde el año pasado, el fiscal sostiene —junto con Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)— el pedido de indagatoria a Insaurralde, basado en un informe patrimonial que detectó decenas de millones de pesos en gastos sin justificar, solo por viajes al exterior. Esa solicitud no prosperó.
Más tarde, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) impulsó profundizar la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el respaldo institucional a esa estrategia se debilitó tras el desplazamiento de uno de sus principales funcionarios.
A esa serie de diferencias se suma la decisión de excluir a Carolina Álvarez, segunda esposa de Insaurralde, del peritaje contable destinado a determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir el terreno sobre el que se construyó la casa de San Vicente. El juez entiende que Álvarez no se encuentra imputada, mientras que Mola y la asociación Poder Ciudadano sostienen que la investigación la considera una presunta testaferro y que su exclusión compromete el alcance del peritaje. El fiscal Diego Iglesias señaló que resulta difícil comprender esa decisión después de que el propio juzgado hubiera dispuesto medidas cautelares sobre su patrimonio. La Cámara Federal de La Plata deberá resolver esa controversia.
Mientras tanto, transcurre el tiempo y medidas básicas de investigación llegan con demora. El paso de los días, los meses y los años deteriora las pruebas, facilita maniobras defensivas, dificulta reconstruir los hechos y afecta la confianza ciudadana en la capacidad del sistema judicial para llegar a la verdad.