El ex titular de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, afirmó que Argentina no registró avances en la lucha contra la corrupción y que los organismos de control se debilitaron durante los últimos gobiernos.
En una entrevista con +Perfil, el ex titular de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, se refirió a la situación de la lucha contra la corrupción en Argentina y al desempeño del Gobierno en materia de transparencia judicial.
«Soy bastante escéptico sobre los supuestos avances en la lucha contra la corrupción», afirmó Garrido. Según explicó, «si mirás indicadores objetivos que tienen que ver con cuestiones normativas o institucionales, no hay tales avances o inclusive uno podría decir que hubo retrocesos».
En ese sentido, señaló que hubo «un debilitamiento de los organismos de control» y cuestionó el discurso oficial contra la llamada casta: «Creo que esa cuestión discursiva contra las castas es más bien una cuestión retórica porque de alguna manera se asocia la política con la corrupción». Añadió: «Entonces creo que lo que hay es más antipolítica que anticorrupción».
También se refirió a las señales institucionales del Gobierno en materia judicial. «Soy bastante crítico del Estado actual, el panorama presente de la justicia y creo que el Gobierno ha dado señales claras de ir en contra de una agenda de mayor transparencia o mayores controles sobre la justicia», sostuvo.
Garrido consideró que el decreto 222 había constituido un avance institucional porque «demostró ser exitoso porque evitó ciertas designaciones que hubieran sido malas, por no decir pésimas en algunos casos». En ese contexto, advirtió: «Este gobierno lo ha venido desarmando más allá del discurso antipolítico».
Al analizar los casos que involucran al Gobierno, remarcó que «la corrupción está en todos los gobiernos» y que lo importante es observar «cuáles son las reacciones, los mecanismos, cuáles son las medidas que esos gobiernos pueden implementar».
Sobre el caso Adorni, expresó: «Yo lo llamaría una berretización de la corrupción». En relación con el caso $Libra, en cambio, marcó una diferencia: «$Libra son millones de dólares».
En cuanto a la actuación oficial frente a las denuncias, el ex titular de la Oficina Anticorrupción cuestionó «la opacidad, la negativa de dar explicaciones frente a las preguntas del periodismo, pero en definitiva a no explicar frente a la ciudadanía».
Finalmente, Garrido explicó que el delito de enriquecimiento ilícito es «uno de los delitos que más controversia teóricas ha generado desde que se incorporó al código penal». No obstante, sostuvo que actualmente «se lo considera un tipo penal constitucional» y que «se considera que el delito es enriquecerse, o sea que se lo ve como un tipo de acción o de comisión».