El fiscal general de Córdoba, Carlos Lezcano, desmintió versiones sobre una eventual renuncia a su cargo y afirmó que no recibió presiones políticas ni internas para dejar el puesto.
El fiscal general de Córdoba, Carlos Lezcano, negó este jueves que tenga previsto renunciar a su cargo, en declaraciones realizadas al medio Perfil CÓRDOBA. «No tengo pensado renunciar, eso no está en mi mente ni nunca estuvo», afirmó.
Lezcano aseguró que quienes difundieron versiones sobre su posible alejamiento «no me consultaron» y calificó esas informaciones como «operaciones que hacen; juegan al gato y al ratón para ver cómo es mi reacción, si realmente estoy compenetrado con el trabajo».
El fiscal sostuvo que continúa al frente de la Fiscalía General y que no recibió ningún pedido para abandonar el puesto. «Yo sigo trabajando», declaró, y agregó que si «algún día, el gobernador quiere que yo renuncie, él me lo hará saber». También señaló que no está cansado ni enfermo: «Gracias a Dios estoy muy bien».
Fuentes de la Casa de Gobierno (El Panal) descartaron la posibilidad de una renuncia de Lezcano, «salvo que lo exprese él abiertamente, pero acá no hay pérdida de confianza del gobernador ni otras cuestiones». Los funcionarios consultados indicaron que una eventual salida del fiscal general a propuesta del Ejecutivo implicaría «pagar un alto costo político».
En relación con el aval legislativo, se recordó que el pliego de Lezcano fue aprobado en la Unicameral con los votos del oficialismo y el apoyo del Frente Cívico. Walter Nostrala, presidente de la bancada juecista, sostuvo en ese momento que entendían que Lezcano «no era un militante del peronismo» y que no hacían una valoración de la pelea que tuvieron el designado fiscal general y Luis Juez en 2003.
Un alto funcionario de un ámbito gubernamental con contacto directo con operadores judiciales aseguró que la relación con Lezcano es «permanente, diaria» y que el gobernador Martín Llaryora apoya al fiscal general, y así se lo hicieron saber.
Lezcano asumió el 1 de abril de 2026, en reemplazo de Juan Manuel Delgado, con mandato hasta 2031. Su gestión se enmarca en la reforma del Ministerio Público Fiscal que incluyó la creación de dos Unidades Fiscales de Flagrancia (UFF) y el Plan de Gestión Territorial.
El fiscal general también enfrenta un contexto con femicidios recientes, como los de Agostina Vega y Rocío Gómez, que pusieron el foco en la actuación de los fiscales especializados en violencia de género. Además, persiste un conflicto salarial con los trabajadores judiciales, que motivó medidas de fuerza y una conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo.