Un matrimonio propietario de una concesionaria de autos en Pilar fue detenido en el marco de una investigación por presuntas estafas en la venta de vehículos de alta gama. Entre los damnificados figuran un diputado nacional y un hermano del exjugador de rugby Agustín Pichot.
La Policía detuvo a un matrimonio, propietario de una concesionaria de autos en Pilar, en el marco de una investigación por presuntas estafas en la venta de vehículos de alta gama. La causa, iniciada en mayo, cuenta con 47 denunciantes, entre los que se encuentran un diputado nacional y un hermano del excapitán de Los Pumas, Agustín Pichot.
Carlos Alberto González (42) y Cynthia Chamoles (44), dueños de la concesionaria Autos Pilar Premium, fueron arrestados en una vivienda del barrio cerrado Los Condes, en Pilar. El local se encuentra en la Colectora Oeste de la Panamericana, kilómetro 39.5, en la localidad de Manuel Alberti.
La pareja es investigada desde mayo, cuando se registraron las primeras denuncias. Están acusados de estafar al menos a 47 clientes, quienes señalaron vehículos que nunca fueron entregados. También se les imputa haber vendido vehículos entregados en consignación sin que los propietarios recibieran el pago correspondiente.
Fuentes judiciales confirmaron que entre los damnificados figuran el diputado jujeño Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano de Agustín Pichot. En el caso de Quintar, denunció haber pagado 285.000 dólares por una camioneta Tesla Cybertruck que no fue entregada. Joaquín Pichot, por su parte, entregó en consignación su camioneta Ford Ranger Raptor 3, la cual fue vendida sin que se le restituyera el vehículo ni se le rindieran cuentas.
La causa, caratulada como estafa y asociación ilícita, es investigada por la UFI Nº2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana. El allanamiento y las detenciones fueron autorizados por el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de San Isidro.
Durante el operativo se incautaron tres teléfonos celulares. En mayo, la Justicia ya había secuestrado de la concesionaria 19 vehículos de alta gama valuados en cerca de 1,3 millones de dólares, que se exhibían en lugares no habilitados y no estaban en regla.
La investigación determinó que las maniobras denunciadas no serían hechos aislados, sino parte de un esquema organizado que operaba bajo apariencia de actividad lícita. La organización estaría integrada por unas diez personas, quienes articulaban un sistema de venta de vehículos y captación de dinero para la importación de unidades, con el fin de apropiarse de los fondos de los clientes.
Tras el allanamiento de mayo, la concesionaria permaneció cerrada y con los ventanales cubiertos con cartones. Los reclamos de compradores y damnificados crecieron hasta llegar a 47, aunque las autoridades no descartan que puedan ser más.
González había sido procesado durante el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por desobediencia a funcionario público. En ese expediente se dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.