La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para avanzar con proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad, tras un cambio de estrategia de La Libertad Avanza.
La oposición en la Cámara de Diputados logró este miércoles abrir la sesión especial para avanzar con dos temas: el endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Después de varios intentos por desactivar la convocatoria, La Libertad Avanza (LLA) dio un giro sobre la hora, bajó al recinto y aportó al quórum.
La decisión de los libertarios buscó evitar la foto de una derrota. El oficialismo anticipó que apoyará el cronograma de trabajo en comisiones que propondrá la oposición: dictaminar un proyecto sobre discapacidad el 23 y sobre endeudamiento el 30 de este mes. En los hechos, esto acorta los tiempos de debate y elude cualquier postergación, una estrategia que había comenzado a desplegar en los últimos días el oficialismo. De esta manera, la sesión será corta y de consenso.
El cambio de postura dejó desmarcados a los bloques aliados que hasta último momento habían acompañado la estrategia oficialista de no avalar la sesión pedida por la oposición. Los reproches se multiplicaron. “Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, dijo un legislador de la UCR.
La principal diferencia en cuanto a los giros de las comisiones de las iniciativas sobre morosidad. Los bloques críticos pretenden concentrar el debate en Finanzas y Defensa del Consumidor, mientras que LLA quiere sumar también a Presupuesto y Hacienda.
Pro, que bajó al recinto pese a que había decidido no dar quórum, tuvo que salir públicamente a explicar su posición ante el cambio de planes de LLA. El bloque sostuvo que el endeudamiento ya comenzó a discutirse en comisión y, por eso, no acompañaría la apertura de la sesión. Al mismo tiempo, marcó una diferencia con el Gobierno en discapacidad: exigió al oficialismo que “presente un cronograma claro de pago a los prestadores”.
La sesión fue impulsada por Unión por la Patria y otros bloques opositores para emplazar a las comisiones y fijar plazos concretos de tratamiento. La convocatoria ganó fuerza en los últimos días con el respaldo de diputados que responden a gobernadores y otros espacios del centro, pese a las gestiones del Gobierno para contenerlos.
Hasta ayer, la Casa Rosada había intentado desactivar la avanzada por dos vías: habilitó el debate en las comisiones que controla y activó conversaciones con gobernadores para evitar que sus diputados aportaran al quórum. La maniobra no alcanzó. Ante la perspectiva de que la oposición abriera igualmente el recinto, LLA cambió de estrategia y decidió participar de la sesión.
La oposición busca dejar fuera de la discusión los proyectos que impliquen un costo fiscal para evitar que el Gobierno utilice ese argumento para trabar el debate o, eventualmente, justificar un veto presidencial. La intención es concentrarse en iniciativas sin impacto presupuestario y neutralizar así uno de los principales argumentos que suele esgrimir el oficialismo frente a las iniciativas opositoras.
Hay más de 50 iniciativas y son muy variadas: incluyen planes de refinanciación y quitas de intereses, límites a las tasas y mayores controles sobre bancos y fintech. También hay propuestas para regular las prácticas de cobranza, impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos.
Mientras la oposición habla de “aliviar” la situación “crítica” de más de seis millones de familias en mora, el oficialismo propone abordar el problema principalmente a través de la educación financiera y rechaza fijar topes a las tasas de interés. Los libertarios argumentan que una regulación de ese tipo restringiría la oferta de crédito, porque llevaría a los bancos a dejar de prestar a los sectores considerados de mayor riesgo.
El otro eje de la sesión será la emergencia en discapacidad. La oposición buscará emplazar a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para que fijen una fecha de dictamen sobre el proyecto presentado por Juan Marino (UP), que propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Marino y las organizaciones de discapacidad que participaron de la elaboración de la iniciativa sostienen que la prórroga permitiría al Poder Ejecutivo conservar mayor flexibilidad para destinar recursos al financiamiento del sistema. Según esa interpretación, además, el vencimiento de la emergencia no debería dejar sin efecto las modificaciones permanentes introducidas por la ley. Entre ellas, la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con la inflación.