El dirigente permanecerá con licencia sin goce de sueldo hasta que avance la causa judicial en su contra. La decisión se conoció luego de que la conducción oficialista local descartara su retorno a la banca.
Pablo Ortiz no regresará al Concejo Deliberante de Alta Gracia y continuará con licencia sin goce de sueldo hasta que la Justicia avance en la causa que lo tiene como imputado por abuso sexual. La decisión fue presentada por el propio dirigente como una determinación personal tomada «con responsabilidad institucional».
El anuncio incluyó su renuncia a la vicepresidencia de Cormecor, cargo que ocupaba desde abril de 2024 y que había motivado su licencia legislativa. La nota de dimisión, dirigida al intendente de la ciudad de Córdoba y presidente de la corporación, Daniel Passerini, invocó «motivos estrictamente personales» y se conoció horas después de que trascendieran las imputaciones de la Fiscalía de Alta Gracia.
Según la reconstrucción de los hechos, la conducción del oficialismo local, encabezada por los hermanos Facundo y Marcos Torres, descartó la vuelta de Ortiz apenas conoció su intención de retomar la banca. La definición se tomó con velocidad inusual: Ortiz difundió su comunicado un sábado, dos días antes de la imputación, y no hubo pedido formal de sostén ni debate interno en el bloque Hacemos Unidos.
El desgaste acumulado por la gestión local incidió en la premura. Semanas antes, el entonces subsecretario de Educación de la Municipalidad, Rodrigo Martínez, había renunciado tras una denuncia de acoso. Un dirigente con banca en el Concejo resumió el clima interno: «La sociedad hoy se está encargando de hacer esta justicia propia», declaró a PERFIL CÓRDOBA.
Otra fuente con peso en el bloque oficialista justificó la decisión: «No teníamos margen para avanzar ante este tipo de situaciones». La frase refleja el diagnóstico de la conducción local, que consideró que sostener a Ortiz implicaba exponer al oficialismo a nuevos cuestionamientos.
El caso de Alta Gracia se suma a otros dos episodios recientes en la política cordobesa. El legislador Ernesto «Cañito» Flores afrontó el escándalo por la detención de su asesor José Villarreal en Río Seco, mientras la Legislatura provincial procesó la detención de Omar Ludueña, asesor de planta permanente vinculado al bloque de la Unión Cívica Radical y al entorno de Alejandra Ferrero y Rodrigo de Loredo.
La cautela cruzada entre oficialismo y oposición explicaría el silencio de De Loredo y Ferrero frente al caso Ortiz. La ausencia de declaraciones desde la Legislatura, en momentos en que el radicalismo daba explicaciones por la situación de Ludueña, evitó un cruce que podía interpretarse como un búmeran hacia el propio bloque opositor.
El escándalo también repuso el mapa de pertenencias de Ortiz dentro del armado provincial. Pese a la asociación pública con el torrismo, su trayectoria remite al espacio de Martín Llaryora, a quien acompañó en la interna de 2019 frente a Marcos Torres. Su desembarco en Cormecor habría respondido a una estrategia para despejarlo de la escena municipal más que a un premio de la conducción local.
Esa distancia con el círculo íntimo de los Torres habría facilitado que la resolución del conflicto se procesara con rapidez y sin fracturas visibles en el bloque.