El Congreso debate la extensión de la emergencia hasta 2027 mientras el Presupuesto 2027 propone derogar artículos centrales de la norma. El Gobierno reconoce una deuda de 69.559 millones de pesos con prestadores de Incluir Salud.
El Congreso de la Nación debate la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2025 y vetada por el Poder Ejecutivo. Ambas cámaras insistieron en reponerla con dos tercios de los votos, pero el Ejecutivo suspendió su aplicación alegando falta de fondos. La emergencia vence el 31 de diciembre y Diputados discute su extensión hasta 2027.
En paralelo, el Presupuesto 2027 incluye en su capítulo VI la derogación de los artículos centrales de la ley. Entre los cambios, se establece que la pensión por discapacidad dejará de ser compatible con un empleo registrado de hasta dos salarios mínimos; con la modificación, cualquier trabajo formal la extinguirá.
El Gobierno afirma que cumple con la ley, pero en su informe al Congreso admite una deuda de 69.559 millones de pesos con 770 prestadores de Incluir Salud, el programa que atiende a quienes cobran una pensión no contributiva. Según fuentes parlamentarias, las compensaciones que la ley ordena pagar a los prestadores superan los 340.000 millones de pesos.
La Ley 22.431, de 1981, obliga al Estado nacional a que al menos el 4% de su personal sean personas con discapacidad. Cuarenta y cinco años después, la Jefatura de Gabinete reconoce ante el Congreso un 1,37%. El Censo 2010 registró un 12,9% de personas con discapacidad, más de cinco millones, aunque las estimaciones varían según quién mide.
En 2021, más de la mitad de los 209.553 estudiantes con discapacidad estaba en escuelas comunes, según datos oficiales. Esa inclusión se sostiene con maestras integradoras, acompañantes terapéuticos y transportistas. Según el sector, en la actualidad se registran interrupciones en esas prestaciones.
El Presupuesto 2027 también propone desregular el nomenclador único que hoy obliga a obras sociales, prepagas y sistema público a cubrir el 100% de las prestaciones. Con la desregulación, cada financiador pagará lo que decida. Diputados libertarios manifestaron sorpresa por la inclusión de ese punto y afirmaron que así la ley no se aprueba.
El Gobierno sostiene que hubo abusos y pensiones irregulares, y que el gasto debe auditarse. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, define la discapacidad como el choque entre una condición y las barreras del entorno.
Una directora de escuelas de educación especial, con más de treinta años de profesión, declaró: «Hay chicos que se levantan de madrugada a golpearse la cabeza con las paredes, que gritan y se lastiman si no tienen sus medicamentos psiquiátricos. Y muchos no los tienen. Alguien necesita ya un tubo de oxígeno. Una persona con autismo se desespera y no lo enuncia. Otros, muchísimos, necesitan de inmediato muchos tratamientos. No puede ser una planilla en la que se le posterga lo que necesita, porque lo necesitan ya».
La emergencia no es la ley. La emergencia es la vida que espera mientras la ley se discute.