Este lunes vence el plazo de dos semanas que el presidente Javier Milei había dado al Reino Unido para impedir actividades de explotación petrolera en aguas que rodean las Islas Malvinas. Ante la falta de cambios en la posición británica, Argentina solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
Este lunes vence el plazo de dos semanas que el presidente Javier Milei había dado al Reino Unido para que impidiera las actividades vinculadas con la explotación de petróleo en las aguas que rodean a las Islas Malvinas. Como Londres no modificó su posición, la Argentina avanza con el siguiente paso anunciado: pedir medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en el marco del procedimiento arbitral iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La solicitud se concretará este lunes, en un contexto en el que resta un mes para que se reanude la ruta comercial entre la ciudad chilena de Punta Arenas y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas. Este recorrido se vincula con la disputa por los hidrocarburos, cuyo principal foco es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. El proyecto es operado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
Ambas compañías mantienen sus planes para comenzar la producción de petróleo en 2028, después de iniciar las perforaciones de desarrollo previstas para principios de 2027. La primera etapa apunta a producir hasta 55.000 barriles por día, mientras que las fases posteriores podrían llevar la capacidad hasta 125.000 barriles diarios.
Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper, ratificó que el objetivo es alcanzar la primera producción durante 2028 y señaló que atraviesan “un período decisivo” para el proyecto. Desde el Gobierno argentino cuestionó el avance del proyecto y sostuvo que las empresas deberán elegir entre “operar ilegalmente en un territorio disputado o hacerlo de manera rentable y segura en Argentina”.
Por su parte, Rockhopper afirma que Navitas opera con licencias petroleras que considera válidas, otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, y calificó las medidas argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.
La Consejería Legal de la Cancillería está a cargo del procedimiento, con participación del embajador Mario Oyarzábal, especialista argentino en Derecho Internacional.
El canciller Pablo Quirno explicó que se trata del inicio de un proceso arbitral previsto por la CONVEMAR y remarcó que “Argentina es la primera vez que somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que está realizando el Reino Unido sobre la explotación de hidrocarburos”.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, no decidirá quién tiene la soberanía sobre las Islas Malvinas. El tribunal se ocupa específicamente de cuestiones vinculadas con el Derecho del Mar, a partir de las reglas establecidas por la CONVEMAR.
Esta convención tiene un Anexo VII que permite la conformación del tribunal arbitral, pero también establece una intervención previa en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Ubicado en la ciudad alemana de Hamburgo, será en esa sede donde se trasladará la ofensiva diplomática argentina.