La Corte Suprema de Estados Unidos denegó el miércoles una solicitud del gobierno de Donald Trump para aplicar de inmediato nuevas restricciones médicas a personas transgénero en prisión, ratificando un fallo de un tribunal inferior.
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el miércoles a permitir que el gobierno del presidente Donald Trump aplique de inmediato nuevas restricciones médicas para las personas transgénero en prisión.
La decisión ratifica el fallo de un tribunal inferior. La medida fue adoptada tras una orden ejecutiva del presidente Trump, un republicano que ha dado varios pasos para revertir los derechos de las personas transgénero durante su segundo mandato.
La breve orden no detalla su razonamiento jurídico. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas habrían permitido que la política se aplicara mientras la demanda seguía su curso en tribunales inferiores.
La Corte Suprema ya había permitido anteriormente que otras políticas relacionadas con personas transgénero siguieran adelante por el momento, incluidas restricciones al servicio militar y a los marcadores de sexo en los pasaportes.
La orden de Trump instó a la Oficina Federal de Prisiones a revisar sus políticas de atención médica para que no se gasten fondos federales “con el propósito de adecuar la apariencia de un recluso a la del sexo opuesto”.
La nueva política detendría las cirugías, reduciría gradualmente las hormonas y pondría fin a adaptaciones sociales como el maquillaje y las pelucas. Las prisiones seguirían ofreciendo servicios de salud mental.
Abogados de reclusos transgénero impugnaron la política ante los tribunales y el juez federal de distrito Royce Lamberth ordenó que los tratamientos continuaran. Lamberth, quien fue nominado al cargo por el presidente republicano Ronald Reagan, señaló que la disforia de género sin tratamiento puede causar efectos secundarios graves como depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.
El gobierno de Trump apeló, al sostener que los tratamientos planteaban preocupaciones de seguridad y que “ya no podían justificarse”. Un panel dividido del tribunal de apelaciones dejó vigente la orden.
Unos 600 reclusos recibían terapia hormonal en 2025, según indicó la agencia en documentos judiciales. Retirar la atención tendría efectos significativos en sus cuerpos y en su salud mental, afirmaron sus abogados. El gobierno no ha detallado pruebas de problemas de seguridad vinculados a la terapia hormonal para reclusos trans a lo largo de los 30 años en que se ha proporcionado, escribieron.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora, ya había respaldado anteriormente leyes estatales que prohíben ciertos tratamientos médicos para jóvenes transgénero y que restringen la participación deportiva de atletas transgénero en deportes femeninos.