Las comisiones de Salud y Legislación General del Senado emitieron este miércoles dictamen de mayoría al proyecto de reforma de la ley de salud mental, luego de que un grupo de senadores peronistas presentara un dictamen de minoría que permitió alcanzar la mayoría requerida. La iniciativa podrá ser tratada en la próxima sesión de la Cámara alta.
Las comisiones de Salud y Legislación General del Senado emitieron este miércoles dictamen de mayoría al proyecto de reforma de la ley de salud mental, elaborado por el Poder Ejecutivo. La emisión del dictamen fue posible después de que un grupo de senadores peronistas críticos al kirchnerismo presentara un dictamen de minoría, con lo que se alcanzó el pronunciamiento de más de la mitad de los miembros de ambas comisiones.
El dictamen de minoría fue impulsado por los senadores Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), integrantes del bloque Convicción Federal. Con esas firmas, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión del Senado.
La propuesta oficialista había sido anunciada el martes de la semana pasada en una conferencia de prensa encabezada por la senadora Patricia Bullrich (Capital), junto a Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), presidentas de las comisiones de Salud y de Legislación General, respectivamente. En esa ocasión, Bullrich sostuvo que el texto había sido consensuado con varios bloques de la oposición. Sin embargo, el jueves último el texto no reunió la mayoría requerida y las comisiones no pudieron emitir dictamen.
El dictamen de mayoría contempla varias modificaciones respecto del texto remitido por la Casa Rosada el 20 de abril. Entre los cambios se destaca la eliminación de la posibilidad de volver a crear instituciones especializadas para la internación de casos psiquiátricos. También extiende la cobertura de la ley a todas las adicciones, no solo a las vinculadas con el consumo de estupefacientes, y permite las internaciones involuntarias cuando el paciente no esté en condiciones de tomar esa decisión, con confirmación de un equipo interdisciplinario dentro de un plazo perentorio.
A pedido de senadores de diferentes bloques y de varios ministros provinciales que participan del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el texto mantuvo la prohibición de los manicomios establecida por la ley de Salud Mental sancionada en 2010.
Uno de los puntos destacados del dictamen de mayoría es la flexibilización de la exigencia psiquiátrica y la inclusión de un diagnóstico interdisciplinario como proceso obligatorio para la internación de personas con trastornos mentales o adicciones. La evaluación para una internación podrá ser realizada por un médico psiquiatra o por un profesional con formación en salud mental, junto con un segundo firmante, preferentemente un psicólogo. Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica y se reconoce la firma del psicólogo tanto para la evaluación como para la concesión del alta del paciente.
Como parte de la negociación para alcanzar el consenso, el oficialismo aceptó restituir el financiamiento nacional a las provincias. Según el dictamen, el Estado nacional estará obligado a brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias para la aplicación de la norma.
Para las internaciones de urgencia se fija un plazo de revalidación cuando la medida sea dispuesta por un solo médico ante la existencia de un riesgo grave. En esos casos, la confirmación interdisciplinaria deberá realizarse dentro de las 48 horas.
El dictamen de minoría difiere en varios aspectos. Mantiene el proceso de revalidación de la internación en un plazo perentorio de 24 horas. En cuanto a la integración del equipo evaluador, mientras el oficialismo requiere la evaluación de dos profesionales de distintas disciplinas, el de minoría establece que al menos uno de los miembros evaluadores debe ser psicólogo o médico psiquiatra.
Los senadores peronistas también difieren en el capítulo referido a financiamiento nacional, en el que incorporan un esquema rígido que garantiza la asistencia técnica, económica y financiera a las provincias. También exige la aprobación de un Plan Nacional de Salud Mental a 5 años con metas cuantificables y obliga al Ministerio de Salud a enviar al Congreso un informe anual detallado sobre la ejecución presupuestaria del sector.
Además, el dictamen de minoría incluye un artículo con acciones dirigidas específicamente a niños y adolescentes, enfocadas en la prevención del suicidio, de adicciones y en el uso responsable de redes sociales. También reconoce el derecho explícito al acompañamiento terapéutico post-internación para la reinserción social y laboral.
Por último, el dictamen de minoría prohíbe de forma expresa que la falta de vivienda o las problemáticas exclusivamente sociales y de pobreza justifiquen la indicación o prolongación de una internación, y responsabiliza al Estado de proveer dispositivos habitacionales y de apoyo.
La bancada que preside Patricia Bullrich aún no tiene asegurados los votos para imponer su postura en el recinto.