El ministro de Hacienda, Darío Durigan, afirmó que la medida busca encarecer productos que dañen la salud o el medio ambiente. La recaudación estimada es de 41.900 millones de reales.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comenzará a cobrar a partir de febrero de 2027 un impuesto adicional a determinados bienes, entre ellos bebidas alcohólicas, tabaco y vehículos con altos niveles de contaminación. La medida fue denominada informalmente como “impuesto al pecado”.
El ministro de Hacienda, Darío Durigan, declaró: “Nuestra meta es encarecer los productos y actividades que dañen la salud o perjudiquen el medio ambiente”. Aclaró que el decreto correspondiente tiene “la fuerza de una ley”.
El tributo establece alícuotas diferenciadas. Para las bebidas azucaradas, como las gaseosas, el adicional es de 2,6%; para vinos, espumantes y champagne, del 8%; y para cachaza, ron, vodka, whisky, gin y tequila, del 24%. En el caso de los cigarrillos, el precio aumenta un 67%.
El impuesto también se aplicará a algunos vehículos según su nivel de contaminación, a la extracción de bienes minerales y a loterías, apuestas y juegos de deportes de fantasía. Asimismo, alcanzará a camionetas pickup, aeronaves y buques, dependiendo de sus características técnicas, pero exime a los destinados al uso operativo de las Fuerzas Armadas o agencias de seguridad pública.
A partir de 2028, el gobierno prevé aumentar aún más el gravamen para desincentivar el consumo. La recaudación estimada por estos tributos es de 41.900 millones de reales, equivalentes a 7.700 millones de dólares.
El Gobierno de Lula declaró oficialmente que este impuesto “forma parte del nuevo modelo de tributación del consumo y tiene un carácter extrafiscal, buscando orientar las decisiones de consumo y producción hacia estándares más compatibles con los objetivos constitucionales de proteger la salud y el medio ambiente”.
El domingo próximo, Lula hablará por cadena de radio y televisión en un discurso sobre las reglas económicas de su gobierno. Hoy convocó a su ministro de Hacienda, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a economistas del Partido de los Trabajadores, como Guido Mantega, para discutir cómo obtener ingresos que permitan disminuir el déficit fiscal sin afectar las políticas sociales, especialmente educación y salud. En paralelo, el Banco Central, organismo autónomo, decidió no rebajar la tasa de interés, que se mantiene en 13,75%. Durigan propuso realizar un ajuste fiscal “constante y gradual” para asegurar una baja del tipo de interés básico de la economía brasileña, al que calificó como excesivamente “alto”.