El oficialismo consiguió destrabar en el Senado el proyecto de Súper RIGI, que promueve inversiones por más de US$ 1.000 millones, tras incorporar modificaciones reclamadas por senadores de la oposición. La iniciativa vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El Gobierno nacional consiguió este martes emitir dictamen en el Senado para el proyecto de Súper RIGI, que promueve inversiones por más de US$ 1.000 millones, luego de aceptar cambios solicitados por legisladores de la oposición. La propuesta, que contaba con media sanción de Diputados, estaba frenada desde septiembre pasado por objeciones de los senadores radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama, el jefe del PRO Martín Goerling y el correntino Carlos «Camau» Espínola.
Los senadores habían demandado protección para los insumos nacionales y la ampliación del término «precio/calidad» para limitar importaciones. En ese sentido, se estableció que el precio de los bienes no puede superar en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero.
Ante la posibilidad de que se frustrara la iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía, el Gobierno también otorgó garantías para el cumplimiento de la cuota del 20% del compre argentino. Según lo acordado, las empresas proveedoras podrán importar con tasa 0 bienes de capital, maquinaria y equipamiento destinados a desarrollar, ampliar o mejorar su capacidad productiva, siempre que estén vinculados al abastecimiento de los proyectos adheridos al programa.
En el Senado explicaron que este cambio busca generar un impacto de largo plazo, permitiendo que las empresas locales modernicen sus plantas, produzcan a menor costo y mejoren su competitividad.
Dentro del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales, que establece un compromiso mínimo del 20% de contratación de proveedores nacionales, se excluyen las obras y los servicios de ese cálculo. La decisión se tomó a partir de la experiencia del RIGI, ya que la infraestructura de obra representa una proporción significativa de la inversión.
Otra de las modificaciones incorporadas a partir del reclamo de los senadores es la intervención de la Comisión Nacional de Comercio Exterior para determinar la competitividad de los precios de los bienes importados. De esta manera, se busca detectar posibles prácticas de dumping, subvenciones o condiciones de competencia desleal que perjudiquen al proveedor local.
Además, Abad, Goerling y Espínola consiguieron endurecer las sanciones para las empresas que incumplan con las condiciones del Compre Nacional. La multa podrá alcanzar la totalidad del monto de inversión destinado a proveedores que haya quedado pendiente de cumplimiento. En el texto original se fijaba una multa de hasta el 3% del déficit de contratación.
Según la propuesta aprobada en Diputados, un proyecto de US$ 1.000 millones debería destinar al menos US$ 200 millones a bienes locales. Si no se cumplía con esa condición, la empresa inversora podía ser sancionada con un máximo de US$ 6 millones, mientras que con la nueva redacción se eleva a US$ 20 millones.
Fuentes legislativas descartaron que este proyecto forme parte del temario de la sesión convocada para el próximo 26 de noviembre, en la que se discutirá la reforma electoral. En consecuencia, es probable que el Gobierno incorpore el Súper RIGI al temario previsto para las sesiones extraordinarias de diciembre.
