La propuesta de un centenar de nombres para cubrir cargos en la Justicia Nacional generó debate en el oficialismo por los antecedentes de algunos postulantes.
El Poder Ejecutivo elevó al Senado una lista de aproximadamente cien candidatos para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales en la Justicia Nacional. La medida generó controversia dentro del oficialismo debido a los antecedentes de algunos de los postulantes, mientras que desde el Gobierno niegan que existan acuerdos políticos con el kirchnerismo.
Las principales críticas se centraron en seis de los candidatos. Entre ellos, Juan Manuel Mejuto, propuesto por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para un tribunal oral en lo criminal. Mejuto habría firmado la carta fundacional de la agrupación Justicia Legítima, vinculada al kirchnerismo. Sin embargo, desde el Gobierno afirmaron que Mejuto no tiene participación política y que su inclusión en esa solicitada fue involuntaria. También señalaron que su pliego ya había sido enviado durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Otro de los cuestionamientos recayó sobre Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, propuesta como fiscal ante un tribunal oral en lo Penal Económico. Fuentes judiciales destacaron su capacidad técnica y negaron que sea una militante política.
También se mencionó a Pablo Matkovic, candidato a juez de tribunal oral federal en Neuquén, por haber sido asesor de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad y por su actuación en casos vinculados a la comunidad mapuche. Además, la postulación de Raúl Agustín Rubiero para la Cámara Civil generó dudas sobre el proceso de selección, ya que fue tomado de la lista complementaria del Concurso 405. El Ministerio de Justicia defendió la decisión y señaló que no es la primera vez que se recurre a candidatos de listas complementarias.
Desde el Gobierno insistieron en que los candidatos fueron elegidos por su capacidad técnica, aunque reconocieron que algunos pueden tener antecedentes vinculados a gestiones anteriores. La polémica se suma al debate sobre la independencia judicial en el país.