El gobernador exigió rapidez y transparencia en las indemnizaciones, mientras el Departamento de Seguros investiga a State Farm por posibles violaciones a la ley estatal.
Los incendios forestales en California abrieron un frente de conflicto entre el gobernador Gavin Newsom y las compañías de seguros. En medio de la reconstrucción, la discusión gira en torno a la rapidez, la transparencia y la legalidad en el pago de indemnizaciones a los damnificados.
Desde su cuenta oficial de X, Gavin Newsom expresó su postura frente a la actuación de las aseguradoras tras los incendios en el área de Los Ángeles. El mandatario exigió que las compañías “procesen rápidamente y de manera justa” los reclamos de los propietarios afectados. En su mensaje, remarcó que aquellas empresas que incurran en demoras indebidas o rechazos injustificados podrían enfrentar sanciones bajo la legislación estatal. “Los sobrevivientes necesitan alivio ahora”, expresó.
Según FOX40, el Departamento de Seguros de California avanzó con una de las acciones más severas de los últimos años contra la aseguradora State Farm, al buscar imponer multas que podrían ser millonarias por su manejo de reclamos vinculados a los incendios ocurridos en enero de 2025 en zonas como Altadena y Pacific Palisades. La investigación se basó en una auditoría de conducta de mercado que analizó 220 casos dentro de un universo de aproximadamente 11.300 reclamos residenciales presentados por clientes de la compañía tras el desastre. De ese estudio surgieron 398 presuntas violaciones a la ley estatal, lo que encendió las alarmas.
Entre las irregularidades detectadas se destacan demoras en la investigación de reclamos, falta de comunicación adecuada con los asegurados y rechazos sin fundamento suficiente. Según las autoridades, estos puntos configuran un patrón que podría constituir una violación a la legislación vigente en California.
El marco normativo californiano establece reglas para la gestión de reclamos tras desastres naturales. Entre las principales obligaciones de las aseguradoras se encuentran los plazos estrictos para investigar, aceptar o rechazar solicitudes, así como para efectuar los pagos correspondientes una vez aprobados. El incumplimiento de estos tiempos puede derivar en sanciones económicas significativas y, en casos extremos, en la suspensión de la licencia para operar en el estado. En el caso analizado, las autoridades sostienen que las prácticas observadas podrían encuadrarse dentro de la Ley de Prácticas Desleales en Reclamos de Seguros, una regulación diseñada para proteger a los consumidores frente a conductas abusivas o negligentes por parte de las compañías.