El DMV de California propone transferir información de todos los conductores registrados a una base de datos nacional, lo que podría exponer el estatus migratorio de más de un millón de personas con licencias AB 60.
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) planea transferir información de todos los titulares de licencias de conducir del estado, incluidos más de un millón de inmigrantes indocumentados con licencias AB 60, a una base de datos administrada por la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA). El sistema, conocido como State-to-State Verification (S2S), puede revelar si una persona carece de número de Seguro Social, dato que organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes identifican como un marcador potencial de estatus migratorio.
El plan depende de que la Legislatura de California apruebe un total de 55 millones de dólares en dos tramos presupuestarios: 32 millones para el año fiscal 2026-2027 y 23 millones para 2027-2028, según documentos del Subcomité de Presupuesto del Senado estatal. La plataforma S2S, operada por la AAMVA, permite a los departamentos de vehículos motorizados de distintos estados verificar que una persona no tenga licencias duplicadas en más de una jurisdicción.
Según un manual interno de la organización obtenido por CalMatters, la base de datos incluirá los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social de cada titular. Para quienes no cuentan con ese número, el sistema permite a los estados usar el marcador “99999”, una señal que, según los defensores, podría emplearse para identificar a personas sin autorización de residencia.
La ley AB 60, aprobada en octubre de 2013, prohíbe al estado de California usar la información recopilada durante el proceso de emisión de la licencia para determinar la ciudadanía o el estatus migratorio de una persona. Defensores civiles argumentan que participar en el sistema S2S contradice ese mandato, aunque las autoridades estatales sostienen que la medida es necesaria para cumplir con la Ley Real ID de 2005, que regula qué documentos de identidad son válidos en instalaciones federales como los aeropuertos.
El portavoz del DMV, Jaime Garza, confirmó a CalMatters que los californianos pueden solicitar la entrega o cancelación voluntaria de su licencia ante el organismo, aunque advirtió que conducir sin licencia es ilegal en el estado. Los detalles del procedimiento y los plazos de procesamiento deben consultarse directamente con el DMV.
La portavoz de la oficina del gobernador, Diana Crofts-Pelayo, afirmó que California “sigue siendo un referente en el apoyo a las familias inmigrantes y en la protección de datos personales frente a la extralimitación federal”, sin confirmar los detalles de la reunión con los grupos de defensa.
La decisión de participar en el sistema no es irreversible. El plan requiere todavía la aprobación presupuestaria de la Legislatura, y senadores estatales ya cuestionaron en audiencias el cronograma impuesto por una entidad privada. También solicitaron al DMV que investigara los motivos de una demanda presentada en enero por legisladores de Oklahoma para bloquear el intercambio de datos con la AAMVA, argumentando que viola la ley estatal de ese estado.
El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, indicó que el tema sigue bajo análisis y que proteger a las comunidades inmigrantes es una prioridad para la cámara. Al 10 de mayo de 2026, el proceso presupuestario no ha concluido y no se registran cambios en la postura del Estado ni en el calendario previsto para la transferencia de datos.