Condenan a ocho años de prisión a un suboficial de la PAT por allanamiento ilegal y robo de droga en Rosario

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El suboficial Guillermo Toledo, de la Policía de Acción Táctica de Santa Fe, fue condenado a 8 años de cárcel y 11 de inhabilitación por liderar un allanamiento ilegal en el barrio Belgrano de Rosario en agosto de 2024, donde se robaron cocaína, dólares y armas.

El suboficial Guillermo Toledo, de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe, fue condenado este martes a ocho años de prisión efectiva y once de inhabilitación absoluta por su rol como líder de un grupo de agentes que el 13 de agosto de 2024 ejecutó un allanamiento ilegal en una casa del barrio Belgrano de Rosario. Durante el operativo, los policías robaron cocaína de alta pureza, decenas de miles de dólares, armas y ropa, y montaron una puesta en escena que incluyó transmisiones de televisión en vivo y testigos que nunca se sacaron los cascos de moto.

Los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider fijaron la pena después de que Toledo reconociera los hechos en un acuerdo con la fiscalía homologado el 17 de abril pasado por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros. Los cargos incluyeron privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, falsificación de documento público, sustracción de elementos, comercio de estupefacientes agravado, vejaciones y apremios ilegales.

La condena cierra el capítulo judicial de una causa en la que otros seis agentes de la PAT ya habían aceptado penas en juicios abreviados: Jesús Balais recibió 7 años de prisión; Fernando Ferreira, 6 años y medio; Iván Schneider y Gerardo Pérez, 4 años y medio; Sergio Robledo, 3 años y medio, y Miguel Aguilar, 2 años. Tres familiares de Toledo fueron imputados por haber vendido en Santa Fe parte de la cocaína robada.

Según la investigación fiscal, Toledo era el agente de mayor antigüedad del grupo. Los fiscales describieron las conversaciones halladas en los teléfonos secuestrados como reveladoras de habitualidad en la comisión de delitos. En los mensajes, Toledo y otros agentes celebraban el uso de una picana eléctrica contra vendedores de droga. La picana había sido obtenida en un operativo anterior y utilizada el 13 de agosto de 2024 para interrogar a dos jóvenes que se encontraban en una camioneta estacionada en la puerta de un kiosco donde se vendía cocaína.

Tras obtener información bajo tortura, los agentes se trasladaron a la calle Forest y Teniente Agneta, en el barrio Belgrano. Ingresaron al domicilio sin orden judicial, redujeron a los ocupantes —incluyendo a una mujer y dos niños— y robaron 15 kilos de cocaína con una pureza superior al 85%, 50.000 dólares, armas y ropa. Los policías consumieron parte de la droga durante el allanamiento. Luego montaron un operativo falso, llamaron a testigos a los que mintieron sobre el motivo de la presencia policial, y convocaron a canales de televisión para transmitir en vivo desde el lugar.

La causa judicial también determinó que el allanamiento ilegal frustró una investigación federal en curso que ya tenía en la mira al domicilio como punto de acopio de cocaína. Al declararse la nulidad del procedimiento, los tres narcos detenidos recuperaron la libertad tras 45 días de prisión preventiva, y las pruebas incautadas por los policías quedaron descartadas para escalar en la cadena de tráfico.

Los fiscales María Virginia Sosa, Soledad García, Andrés Montefeltro y Javier Arzubi Calvo señalaron que Toledo registraba en su teléfono celular videos y audios que documentaban la crueldad de los agentes, incluyendo golpizas a menores. En los allanamientos ordenados por la fiscalía federal, la picana a batería fue secuestrada en la casa de la madre de Balais, junto con ravioles de cocaína que probablemente provenían de la droga robada.

El narco boliviano Diego I., que era uno de los dueños de la droga y las armas, declaró que Toledo se llevó una daga con una gema celeste en el bolsillo de su chaleco, hecho corroborado por una selfie encontrada en el celular del policía. Según los investigadores, Diego I. tenía las direcciones reales de todos los policías y los nombres de sus familiares, lo que implicaba un riesgo de venganza.

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