Una mujer perdió el dinero de su caja de ahorros luego de que un operador le solicitara sus credenciales durante una llamada al número oficial del banco. La Fiscalía Especializada en Ciberfraude determinó que la estafa se originó en una comunicación desde la línea de la entidad y ordenó la devolución de los fondos.
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.° 5, especializada en ciberfraudes (Fisec), a cargo de Miguel Ángel Kessler, constató que una clienta de un banco con sede en la ciudad de Buenos Aires fue víctima de una estafa telefónica y logró que la entidad le reintegrara el dinero sustraído, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El hecho comenzó cuando la mujer, identificada como Liliana, llamó al número oficial del banco para rechazar la compra de unas entradas realizada a través de una página web. Durante esa comunicación, un operador le solicitó su usuario y contraseña del home banking y le indicó que luego la contactarían nuevamente.
“Como yo estaba hablando con el banco, aunque me llamó la atención, le di a quien me atendió el número de cuenta. Estoy acostumbrada a llamar a la entidad cuando tengo algún problema”, declaró la víctima.
Horas después, Liliana advirtió que su caja de ahorros estaba vacía y volvió a comunicarse con el banco para denunciar la situación. Desde la entidad le recomendaron realizar una denuncia policial, pero ella decidió acudir al Ministerio Público Fiscal.
El fiscal Kessler ordenó reconstruir el recorrido de la llamada. Durante la investigación, el banco informó que solo conservaba la grabación del segundo llamado, en el que la mujer denunció la maniobra. No existía registro de la comunicación previa en la que le solicitaron los datos de acceso.
No obstante, la fiscalía acreditó que el llamado efectivamente existió y que se realizó desde una línea oficial de la entidad financiera. El banco, que inicialmente se negó a reintegrar el dinero, finalmente devolvió los fondos tras la intervención de la Fisec.
Desde la fiscalía explicaron que, en casos similares, suelen oficiar de inmediato a bancos y billeteras virtuales involucradas, así como a las cuentas destinatarias de las transferencias fraudulentas, para bloquear preventivamente las operaciones y congelar los saldos por hasta 60 días.