Un informe del Observatorio de Vivienda Asequible (Provivienda) señala que el 43% de los hogares en España reside en inmuebles construidos antes de 1981, con una mayor concentración en hogares de menor renta.
El Observatorio de Vivienda Asequible (Provivienda) publicó un informe basado en datos del Módulo de Vivienda y Entorno de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025. Según el documento, el 43% de los hogares en España vive en edificios construidos antes de 1981. El 50,7% de los hogares del quintil de menor renta reside en inmuebles anteriores a 1981 o no reformados de forma sustancial desde entonces, frente al 35,9% del quintil de mayor renta.
El informe vincula la antigüedad del parque residencial con la exposición a condiciones climáticas extremas. Provivienda sostiene que los edificios anteriores a 1981 se construyeron sin exigencias térmicas relevantes, ya que la normativa de eficiencia energética en edificación llegó a España en 1980. La organización señala que el 34,4% de los hogares a nivel nacional afirma necesitar mejoras de eficiencia energética que no ha ejecutado.
En el tramo de edificios anteriores a 1961, reside el 18,2% de los hogares del quintil de menor renta, frente al 11,2% del quintil más alto. La diferencia en necesidad de mejoras energéticas no cubiertas entre edificios anteriores a 1961 y los construidos desde 2011 es de 24,6 puntos porcentuales. Residir en un edificio previo a 1961 multiplica por 2,5 esa probabilidad respecto a vivir en uno posterior a 2011, según Provivienda.
La distribución territorial de la necesidad de mejoras energéticas no realizadas varía por comunidad autónoma. En la parte alta figuran Extremadura (41%), Andalucía y Castilla-La Mancha (39,6%), Galicia (38,3%), Ceuta (37,6%) y Madrid (36,4%). En la baja, País Vasco (24,8%), Canarias (25,8%) y La Rioja (26,8%).
Provivienda indica que el coste es la barrera dominante para realizar mejoras. A nivel nacional, el 76,2% de los propietarios con necesidad no cubierta lo señala como principal obstáculo. En los edificios anteriores a 1961, esa proporción sube al 80,6%. En el quintil de mayor renta, aparecen con más peso relativo otras razones, como “otras razones” (19,8%) y “falta de interés” (11%).
El informe también aborda daños por fenómenos climáticos extremos. El 9,2% de los hogares declara haber sufrido daños, con una distribución por quintiles entre el 9% y el 9,6%. Provivienda sostiene que ese indicador no mide la capacidad de anticiparse, asegurar la vivienda, reparar los daños o recuperarse, capacidad que sí está estratificada por renta. Los niveles más altos de daños se registran en comunidades del arco mediterráneo y la cuenca atlántica gallega, vinculados con la dana de Valencia de 2024, olas de calor en el sur y temporales atlánticos en Galicia. Castilla-La Mancha aparece en cabeza, atribuido a episodios térmicos extremos y lluvias torrenciales.
Provivienda señala que el informe se enmarca en dos políticas públicas: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, centrado en la rehabilitación energética, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible Revisada hacia 2030. La organización también describe un problema de incentivos divididos: la propiedad suele asumir el coste de la rehabilitación, mientras que el beneficio inmediato (factura energética más baja y confort térmico) lo recibe quien habita la vivienda. Cuando ambas figuras no coinciden, las obras se aplazan, lo que afecta especialmente al alquiler, donde se concentran hogares con menos renta.