El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un endurecimiento en las sanciones viales para conductores que falsifiquen, adulteren o utilicen cartelería irregular para reservar espacios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad. La medida incluye la suspensión de la licencia de conducir, multas económicas y posibles causas judiciales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un fuerte endurecimiento en el esquema de sanciones viales para los conductores que falsifiquen, adulteren o utilicen cartelería irregular con el objetivo de reservar espacios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad. La medida administrativa estipula la suspensión inmediata de la licencia de conducir del infractor, además de la aplicación de severas multas económicas y la apertura de causas judiciales en el fuero penal.
La normativa quedó ratificada de manera oficial a través de un decreto firmado por Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. El documento oficial concede un período de gracia de 20 días para que los usuarios regularicen la situación de sus permisos, reservas domiciliarias y señalizaciones específicas antes de la entrada en vigencia del nuevo protocolo de penalidades en la vía pública.
Cómo y a quiénes afectará las nuevas sanciones viales
El mecanismo de sanción se activará de forma automática en aquellos casos donde se compruebe la exhibición de permisos falsos, credenciales modificadas o documentación vencida para usurpar los lugares reservados. Asimismo, la penalización de quitar la habilitación para manejar alcanzará de forma directa a las personas que fabriquen o coloquen carteles de señalización antirreglamentarios en los frentes de las viviendas sin la debida aprobación estatal.
«Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos», afirmó el mandatario capitalino al fundamentar el alcance de la reforma regulatoria. En sus declaraciones, el titular del Ejecutivo local señaló que los conductores que violen la norma deberán asumir la quita de su registro, el pago de la infracción y el costo operativo del retiro de la estructura metálica ilegal.
El área de control del gabinete porteño justificó la urgencia de la medida con estadísticas de fiscalización territorial recopiladas durante el transcurso del corriente año. De acuerdo con el relevamiento oficial del GCBA, las cuadrillas municipales ya retiraron más de 400 carteles de estacionamiento irregulares en las distintas comunas debido a maniobras fraudulentas reiteradas.
Entre las anomalías más graves detectadas por los inspectores de tránsito se constataron permisos burdamente adulterados, autorizaciones con plazos de vigencia largamente caducados y, de forma recurrente, reservas activas cuyos titulares originales habían fallecido, una maniobra utilizada de forma fraudulenta por familiares o vecinos para mantener el privilegio de exclusividad en la calzada.
Operativos de remoción y escala de multas de la Secretaría de Tránsito
Una vez concluido el plazo de notificación de 20 días establecido por el decreto, la Secretaría de Tránsito iniciará las auditorías de oficio en las calles de la Capital Federal. Los agentes de control procederán al desmantelamiento inmediato de la cartelería en infracción y remitirán las actuaciones de forma paralela a la Justicia ordinaria si se constata la existencia de un delito de falsificación de documento público.
El nuevo cuadro tarifario de penalizaciones económicas estipula un castigo de hasta 200.000 pesos de multa para quienes expongan certificados de discapacidad apócrifos o inexistentes. En sintonía con esto, el infractor tendrá la obligación accesoria de financiar con su patrimonio los gastos de remoción del cartel y las tareas de restitución del cordón de la vereda a su estado original.
La normativa de la Ciudad de Buenos Aires también incluyó un apartado punitorio para los casos de vandalismo o afectación del mobiliario urbano existente. El esquema fija multas de hasta 100.000 pesos para aquellas personas que instalen señales viales sin la debida autorización del organismo competente o para quienes decidan modificar y destruir la señalización oficial colocada por las autoridades.
Con esta reestructuración del Código de Tránsito, la administración de Jorge Macri busca desalentar el uso oportunista de las franquicias sociales y garantizar la accesibilidad urbana genuina. El entrecruzamiento de datos entre el registro de conductores y los padrones de salud será clave para operativizar los controles y agilizar el trámite de suspensión de las licencias a los infractores.
API/MSS