La sobrina de la expareja del exjefe de Gabinete bonaerense, Priscila Ferrante, trabajó para una firma que obtuvo contratos públicos tras el desembarco político de Insaurralde en la administración provincial, según una investigación periodística.
Martín Insaurralde vuelve a quedar bajo la lupa. Una nueva investigación periodística puso el foco en Priscila Ferrante, sobrina de la expareja del exjefe de Gabinete bonaerense, y en sus vínculos laborales con una empresa que obtuvo contratos públicos tras el desembarco político del dirigente en la administración provincial.
Según la investigación, presentada en un programa radial, Ferrante trabajó entre 2016 y 2018 para Always Group S.A., firma tecnológica dedicada a la provisión de cinemómetros y sistemas para el control del tránsito: el corazón del negocio de las fotomultas.
La firma fue incorporada al Registro de Proveedores bonaerense diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete, en septiembre de 2021. Ese ingreso coincidió con su crecimiento dentro del sistema de contrataciones públicas y con su desembarco en las fotomultas, esquema ya investigado por irregularidades durante la gestión del exministro de Transporte Jorge D’Onofrio.
La Justicia ya investiga el patrimonio de Ferrante y el juez federal interviniente ordenó levantar su secreto fiscal y bancario para determinar la evolución de sus bienes. Ferrante ya había aparecido en otra causa por presunta facturación apócrifa junto a su expareja, Ever Russo.
La investigación también advierte sobre una presunta triangulación de fondos mediante universidades nacionales, utilizadas para canalizar contrataciones vinculadas al sistema de fotomultas, mecanismo que ya había sido detectado en pesquisas previas sobre el mismo entramado.
Always Group comparte domicilio legal con otras firmas mencionadas en la causa por las fotomultas, y ya pudo confirmarse su condición de proveedora del Gobierno bonaerense y del municipio de Almirante Brown. Respecto de Lomas de Zamora, distrito históricamente asociado a Insaurralde, todavía no pudo verificarse la contratación por falta de acceso al registro, aunque los equipos homologados por la empresa serían los mismos que funcionan allí.
Toda la documentación reunida ya fue puesta a disposición del fiscal Sergio Morla, que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde, y del fiscal Álvaro Garganta, a cargo del expediente por las irregularidades en el sistema de fotomultas.
Esta línea podría sumarse a otras hipótesis que ya circulan sobre las fuentes de financiamiento del exfuncionario, entre ellas el manejo de recursos de la Jefatura de Gabinete, el negocio del juego y desarrollos inmobiliarios en la costa atlántica. La causa sigue en instrucción y será la Justicia la que determine si hay elementos para avanzar sobre las maniobras denunciadas.