Un informe de la consultora MAP estima que el Estado dejó de percibir 2.300 millones de dólares en ingresos fiscales hacia fines de 2025 por el comercio ilegal, que alcanza al 40% de la cerveza y al 35% de los celulares comercializados.
Un estudio de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi) indica que el comercio ilegal ronda el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en Argentina y Brasil, y alcanza picos de hasta 8% en México. En Argentina, el fenómeno afecta a sectores como la cerveza (40% de origen ilegal), neumáticos (más del 30%), agroquímicos (15%), cigarrillos (10%) y celulares (35%), según datos de la consultora MAP y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte).
El informe “Impacto adverso del contrabando”, elaborado por MAP, sostiene que el comercio ilegal dejó de ser un problema aislado para transformarse en un fenómeno con impacto negativo sobre el Estado, las empresas y los consumidores. Las cifras revelan que el Estado dejó de percibir hacia fines de 2025 alrededor de 2.300 millones de dólares en ingresos fiscales solo en algunos sectores relevantes. Ese monto equivale al 90% de la recaudación anual de impuestos internos, al 45% de las retenciones a las exportaciones o al 25% de lo recaudado por el impuesto al cheque.
Según Afarte, el contrabando de teléfonos celulares pasó de representar el 7% al 35% del mercado en pocos años. Ingresan unas 50.000 unidades por semana por vías ilegales, afectando a importadores formales, producción registrada y la cadena comercial.
El informe de MAP también sostiene que el contrabando erosiona los precios de referencia y desalienta la innovación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte que esa práctica socava la salud económica de los sectores formales y coloca en desventaja a quienes cumplen con exigencias de trazabilidad, calidad y seguridad.
El contrabando se canaliza tanto por fronteras físicas como por plataformas digitales, redes sociales y grupos de mensajería, lo que multiplica el alcance del comercio ilegal y dificulta las tareas de fiscalización, según fuentes del sector.