El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activó el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC), un organismo creado en 1996 que permaneció inactivo desde fines de la década de 1990. El tribunal permite mantener en secreto las pruebas contra los acusados y limita las vías de impugnación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activó el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés), un organismo poco conocido que permaneció inactivo desde fines de la década de 1990. El tribunal fue creado por el Congreso en 1996 mediante la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, y está diseñado para tramitar deportaciones de alta sensibilidad contra presuntos terroristas extranjeros.
Según informó la CNN, el tribunal otorga al gobierno un amplio margen para mantener en secreto las razones por las que considera que un inmigrante es terrorista. Además, limita muchas de las vías que normalmente tienen los migrantes para impugnar su deportación. Desde su creación, persistieron dudas sobre si sus procedimientos son constitucionales, lo que podría explicar por qué los gobiernos anteriores evitaron presentar casos ante él.
El abogado Andrew Arthur, quien supervisó casos de terrorismo como uno de los principales letrados del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, declaró a la CNN: «El ATRC era el último tribunal al que se habría querido recurrir».
Los legisladores establecieron estos procedimientos confidenciales como una forma de proteger secretos de Estado que el Departamento de Justicia considera un riesgo para la seguridad nacional. Según la ley, los presuntos “terroristas extranjeros” —un término definido legalmente— reciben información muy limitada sobre las pruebas reunidas para justificar su rápida deportación. Esas limitaciones dieron lugar a acusaciones de que el tribunal viola las garantías del debido proceso establecidas en la Quinta Enmienda, que protege no solo a los ciudadanos, sino también a los inmigrantes con estatus legal e incluso a quienes están en el país sin autorización.
Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos avanza con un sistema de hipervigilancia valorado en hasta 1.000 millones de dólares, destinado a fortalecer el control migratorio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó un acuerdo con la empresa Palantir Technologies para adquirir software, licencias y servicios durante un período de cinco años. Entre las capacidades del sistema se incluyen mapas digitales para identificar posibles objetivos de deportación, auditoría y control de accesos a información sensible, integración de bases de datos migratorias, administrativas y federales, y análisis automatizado para detectar perfiles considerados prioritarios.
Desde la asunción del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2025, su administración deportó a más de 500 mil personas, en el marco de una estrategia de endurecimiento de los controles fronterizos y del seguimiento de migrantes en situación irregular.