Con más de seis millones de argentinos con mora en billeteras virtuales, diputados de distintos bloques opositores impulsan proyectos de ley para regular el crédito digital y proteger a los consumidores.
Buenos Aires, 10 agosto (NA) — Con más de seis millones de argentinos endeudados con billeteras virtuales con mora de 90 días o más, diputados de distintos bloques de la oposición presentaron proyectos de ley destinados a regular el ecosistema financiero digital del país.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de mayo de 2026, la mora en las familias ascendió al 12,8% en el sistema bancario. En el sector no bancario, la irregularidad en proveedores no financieros alcanzó el 28,7% (según datos de EcoGo a mayo de 2026), impulsada por mora en préstamos personales (34,1%) y tarjetas de crédito (19,4%).
Proyecto de Pablo Juliano
El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano presentó un proyecto enfocado en combatir el crédito impulsivo en aplicaciones móviles y billeteras virtuales, y en brindar mecanismos de reinserción económica para deudores críticos.
La propuesta exige que las entidades financieras y fintech evalúen la situación económica integral del usuario antes de otorgar nuevo financiamiento, evitando la acumulación de compromisos en múltiples plataformas. Para casos de insolvencia o sobreendeudamiento estructural, introduce un procedimiento judicial de rehabilitación financiera con planes de pago adecuados a los ingresos reales, suspensión temporal de ejecuciones y protección de bienes esenciales.
También incorpora un mecanismo de segunda oportunidad: si el usuario actúa de buena fe y cumple sustancialmente con el plan de pagos homologado judicialmente, el juez podrá disponer la extinción total o parcial de las deudas remanentes.
El proyecto regula los denominados «dark patterns» y la gamificación, prohibiendo interfaces que oculten el costo real del crédito o incentiven el endeudamiento acelerado. Exige que los sistemas automatizados de evaluación crediticia sean transparentes, auditables y con revisión humana. Establece protección ante cobranzas abusivas, prohibiendo hostigamiento, intimidación o violencia económica.
Juliano afirmó: «Las billeteras virtuales deben cumplir los mismos protocolos que las tarjetas bancarias. Hoy ofrecen créditos con solo un clic, cada vez que se abre el teléfono aparecen cinco o seis veces mensajes alentando el endeudamiento personal, no informan tasas ni el costo financiero final real, y hacen simulaciones engañosas que buscan que el crédito se tome en el acto. Los intereses oscilan entre el 100% y el 700%. Además, le ofrecen crédito a la misma persona endeudada para pagar el crédito tomado con anterioridad, generando un bucle, una situación infinita».
El legislador sostuvo que «una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida». Además, declaró: «Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comer, para curarse o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo crecen la mora y los niveles de incumplimiento, estamos frente a un problema económico y social de carácter sistémico. Porque una deuda puede ser privada, pero cuando el sobreendeudamiento se vuelve masivo, las consecuencias dejan de ser privadas. Más temprano que tarde impactan sobre el consumo, sobre el comercio, sobre el empleo, sobre la capacidad de otorgar crédito y, finalmente, sobre todo el sistema financiero».
Proyecto de Victoria Tolosa Paz y otros 27 legisladores
Un conjunto de 27 legisladores del peronismo federal, encabezados por Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), presentó un proyecto dirigido a resguardar a los beneficiarios de prestaciones sociales de la ANSES. El proyecto propone que la regularidad de esos ingresos sea considerada positivamente al evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio.
La iniciativa propone evitar que variables algorítmicas vinculadas con la condición socioeconómica, la informalidad laboral o el carácter asistencial de los ingresos funcionen por sí solas como factores negativos. Establece que las decisiones automatizadas deben contar con mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago deben estar sujetos a reglas de protección.
Tolosa Paz explicó: «Nos preocupa especialmente que el algoritmo termine convirtiendo la vulnerabilidad social en una variable que encarece el crédito. Vemos una paradoja: quienes tienen menores ingresos y mayor necesidad de financiamiento son, muchas veces, quienes reciben las peores condiciones».
Además, establece como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central, y dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos. Exige que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible.
La propuesta incorpora una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Los fondos provenientes de estas prestaciones no podrán ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, preservando la posibilidad de pago voluntario y expreso.