La Unicameral de Córdoba refuerza los controles para la contratación de asesores legislativos

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La Legislatura de Córdoba actualiza los requisitos para la incorporación y permanencia de asistentes legislativos tras los casos de colaboradores del legislador Ramón Flores. Además, el legislador Oscar Agost Carreño impulsa un sistema de verificación periódica de antecedentes para todo el personal.

La Secretaría Administrativa de la Unicameral de Córdoba proyecta un nuevo régimen para reforzar las condiciones de contratación y seguimiento de los asistentes legislativos. La medida se formalizará mediante un decreto de la presidencia de la Legislatura y apunta a fortalecer los controles sobre el personal permanente y contratado. La verificación de antecedentes no quedará limitada al momento del ingreso, sino que incluirá un seguimiento periódico durante la permanencia del trabajador en la cámara.

La iniciativa surge a partir de los casos de colaboradores del legislador Ramón “Cañito” Flores que fueron desvinculados de la Legislatura luego de que se conocieran sus antecedentes y situaciones judiciales. Entre ellos, José Aníbal Ricardo Villarreal fue detenido e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, en una investigación por hechos que tienen como víctimas a adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco. También se informó sobre Ariel Alejandro Rodríguez, quien se desempeñó como asesor y registra una condena firme a tres años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de peculado y usurpación.

El área administrativa de la Unicameral dispuso reforzar la actualización de la documentación requerida. Entre las medidas previstas figura la renovación cada seis meses del Certificado de Buena Conducta emitido por la Policía de Córdoba y del Certificado de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia.

En paralelo, el legislador Oscar Agost Carreño presentó un proyecto para crear un sistema permanente de verificación de antecedentes y situaciones judiciales que alcance a todas las personas que trabajan en la Legislatura. La iniciativa propone consultar de manera frecuente la información disponible en el Registro Nacional de Reincidencia, la Policía de Córdoba, el Poder Judicial provincial y otros organismos competentes. El mecanismo alcanzaría a todo el personal legislativo: planta permanente y temporaria, autoridades superiores, integrantes de gabinetes, asesores y contratados. Las verificaciones deberán realizarse con una periodicidad máxima de 15 días.

Agost Carreño afirmó: “Los casos que conocimos son gravísimos y naturalmente requieren explicaciones sobre cómo funcionaron los mecanismos de selección y control. Pero tenemos que ir más allá de la polémica y corregir el problema institucional. Un certificado de antecedentes es una fotografía del día en que se emite. Si al día siguiente aparece una imputación o una condena, la Legislatura no puede enterarse seis meses después”.

El proyecto contempla además la creación de un protocolo institucional de actuación que establezca cómo debe proceder la Legislatura frente a cada situación detectada. El protocolo diferenciaría entre condenas firmes, procesos penales en trámite, imputaciones, medidas cautelares y otras situaciones judiciales. También establecería procedimientos específicos frente a delitos contra la integridad sexual, hechos que involucren a niñas, niños y adolescentes, violencia de género, trata y explotación de personas, delitos contra la administración pública y otros hechos graves.

“Esto no puede depender de que cada legislador investigue permanentemente a sus asesores ni puede activarse solamente cuando un caso llega a los medios. El control tiene que ser responsabilidad de la Legislatura, con las mismas reglas para el oficialismo y para la oposición”, sostuvo Agost Carreño.

La propuesta se complementa con otro proyecto impulsado por Agost Carreño en abril para reformar el régimen provincial de antecedentes penales. Esa iniciativa plantea derogar la Ley Provincial N° 8.691 y utilizar el Registro Nacional de Reincidencia, regulado por la Ley Nacional N° 22.117, como fuente única de información sobre antecedentes penales.

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