La Unión Industrial Argentina (UIA) utilizó el Día de la Industria para presentar un diagnóstico de la actividad fabril y un documento con siete ejes de gestión. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, informó una caída productiva del 10% y la pérdida de 90.000 puestos de trabajo desde agosto de 2023, y solicitó al Gobierno nacional que deje de lado las descalificaciones.
La Unión Industrial Argentina (UIA) conmemoró el Día de la Industria con un acto en el Laboratorio Elea, en el que su presidente, Martín Rappallini, expuso un diagnóstico sobre la situación del sector y presentó un documento con siete ejes de gestión. El evento contó con una reducida presencia de funcionarios del Gobierno nacional.
Rappallini informó que la producción industrial registró una caída del 10% en comparación con 2022 y que desde agosto del año pasado se perdieron 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados. Frente a este escenario, la entidad propuso una serie de medidas orientadas a las pequeñas y medianas empresas.
En su discurso, el titular de la UIA hizo referencia a la relación con el Ejecutivo. Señaló que «debemos dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen» y que «el respeto tiene que ser parte fundamental de nuestra convivencia democrática». Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión con la Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei se refirió en ocasiones a los empresarios como «prebendarios» y el ministro de Economía, Luis Caputo, los calificó de «tarados» en el marco de discrepancias por la política económica.
La UIA destacó que el sector industrial representa aproximadamente el 18% del PBI, concentra el 20% del empleo y aporta cerca del 30% de la recaudación tributaria nacional. En ese sentido, Rappallini solicitó que la industria «tiene que ser reconocida como una de las vías centrales para el progreso» y que «forme parte explícita del proyecto de desarrollo argentino».
Uno de los ejes del reclamo fue el impacto del aumento de las tarifas energéticas en las pymes. La entidad advirtió que muchas empresas sufrieron incrementos de entre tres y cinco veces en sus facturas de gas y electricidad durante el año. La UIA atribuyó esta situación a la decisión oficial de trasladar a las fábricas el costo total del diferencial de importación y exigió mecanismos de financiamiento para evitar cortes en la cadena de producción.
En materia energética, los industriales reclamaron que los beneficios de los recursos hidrocarburíferos se extiendan a toda la cadena de valor local. Rappallini afirmó que «Vaca Muerta, además de ser una plataforma para exportar energía, tiene que ser también una plataforma para exportar más producción argentina». Para ello, pidió garantizar el abastecimiento, la infraestructura adecuada y energía a precios competitivos.
En relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la UIA expresó su apoyo a la sanción de la ley, pero solicitó que las condiciones competitivas que ofrece el régimen alcancen al conjunto de la industria, para evitar asimetrías entre las megainversiones y las empresas en funcionamiento.
El documento presentado por la central industrial incluye siete ejes de gestión: la reconstrucción del crédito para capital de trabajo y consumo; un «Pacto Fiscal Industrial Federal» para reducir gradualmente impuestos como Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales; la garantía de competencia leal; el combate al contrabando y la informalidad; la promoción de concesiones y esquemas de inversión público-privada para infraestructura; un auxilio financiero inmediato para pymes (reprogramación de deudas, suspensión de embargos y devolución de saldos impositivos) y la aplicación efectiva de la reforma laboral.
En el último punto, la UIA celebró la nueva legislación laboral como una oportunidad para actualizar convenios colectivos, aunque advirtió que su éxito dependerá de la reducción de la litigiosidad y de la denominada «industria del juicio».