Causa AMIA: el juez Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses y se espera el juicio en ausencia

Compartir:

La Justicia avanzó esta semana en la causa por el atentado a la AMIA de 1994. El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses y dispuso embargos por US$ 500 millones para cada uno. La Cámara Federal deberá resolver una eventual apelación de la defensa.

La Justicia dio pasos esta semana en la causa por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos y 151 heridos. El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber organizado y participado en la ejecución del hecho, y dispuso embargos por US$ 500 millones para cada uno.

De acuerdo a fuentes judiciales, se espera que la defensa oficial de los ocho imputados apele la decisión del juez Rafecas, por lo que la Cámara Federal deberá intervenir. Una vez resuelta esa cuestión, el expediente quedará a disposición del fiscal de la UFI-AMIA, las querellas y la defensa, con el objetivo de pasar al requerimiento para la elevación a juicio. Luego restará definir qué tribunal oral quedará a cargo del debate.

La Sala II de la Cámara Federal rechazó el planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa oficial de los imputados, lo que convalidó la posibilidad de avanzar en el mecanismo de juicio en ausencia, inédito en el país.

El pasado lunes, el juez Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses. Los procesados como autores mediatos son Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria.

Los procesados como cómplices necesarios son Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina, y Ahmad Asghari, ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. El restante procesado, responsable de coordinar la etapa final del atentado, es Salman Raouf Salman, agente libanés de Hezbollah.

En la resolución de más de 600 páginas, Rafecas señaló que los acusados compraron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. Ese vehículo fue utilizado para cometer el atentado en la sede de la mutual judía en la calle Pasteur 633.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que a los ocho procesados se sumará Alí Asghar Hejazi, quien fue mano derecha del exlíder iraní Alí Jamenei, también por su participación en los preparativos del ataque y por haber determinado la fecha en que se realizaría. De esta forma, serán nueve las personas que se espera sean juzgadas en el marco de la causa por el atentado a la mutual judía, calificado como un hecho de genocidio y un crimen de lesa humanidad.

También puede interesarte

Roya del sorgo: un estudio del INTA identifica condiciones ambientales asociadas a una mayor expresión de la enfermedad

Un estudio del INTA Paraná identificó que días con temperatura moderada y alta humedad relativa coinciden con mayor expresión de roya del sorgo, mientras que temperaturas máximas elevadas se asocian a menor intensidad.

Máximo Kirchner pidió cambios en tarifas y combustibles para que «los argentinos participen del crecimiento de Vaca Muerta»

El diputado nacional encabezó un evento educativo en Mar del Plata, donde se refirió a la reforma del régimen de zonas frías, al superávit energético y a un proyecto para gravar las transferencias internacionales de capital.

Consultoras estiman que la inflación de septiembre se ubicará cerca del 2%

Consultoras económicas proyectan que la inflación de septiembre se ubicará cerca del 2%, superando el 1,7% de agosto por subas en alimentos y combustibles.

Cada legislador provincial cuesta más de $1.500 millones al año: informe desglosa el gasto

Un informe de la Fundación Libertad revela que las provincias destinan en promedio $1.531 millones anuales por legislador. Tucumán lidera el ranking con $3.725 millones, mientras que San Luis registra el menor costo con $176 millones.