El máximo tribunal falló a favor del Gobierno al anular una cautelar que declaraba inconstitucional el decreto de desregulación de tierras. Dos conjueces fueron convocados para resolver la causa. La oposición busca tratar el DNU en Diputados, donde podría ser rechazado. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue ratificado por el Presidente. La Auditoría General de la Nación emitió un dictamen sobre pérdidas del Banco Central.
La Corte Suprema de Justicia rechazó este viernes la cautelar dictada por la Cámara Federal de La Plata que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que deroga la ley 26.377 y libera la compra de tierras por extranjeros. El fallo se produjo en una reunión de acuerdos inusual convocada para tratar el tema. La decisión contó con los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Horacio Pérez Curci. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
La causa se originó en una presentación de excombatientes de Malvinas que objetaban la constitucionalidad del decreto por considerarlo una amenaza a la soberanía. La Cámara Federal de La Plata les dio la razón. Ante el rechazo de la Corte, una organización llamada Árbol de Pie, con sede en el sur del país, solicitó una nueva cautelar con argumentos ambientales para que se reponga la ley 26.377. La Corte hizo lugar a esta medida de forma interina hasta que el juez Leandro Gómez Constenla, de Bariloche, resuelva la cuestión de fondo.
La convocatoria a conjueces se debió a la disidencia de Rosenkrantz, quien no aceptó tratar la causa ni otorgar la razón a los demandantes. En un sorteo fueron seleccionados Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación, y Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos fueron miembros de tribunales de la AFA. Barroetaveña había intervenido previamente en la causa que permitió que un expediente de la AFA se trasladara a Campana. Pérez Curci es padre de Mateo Pérez Curci, jugador de Independiente.
El fallo de la Corte se produce en un contexto de avance opositor en el Congreso. El DNU 70 ya fue rechazado en el Senado y podría ser tratado en la Cámara de Diputados en la sesión de esta semana. Si no obtiene dictamen favorable, el decreto queda sin efecto. La oposición ha sumado argumentos sobre financiamiento de políticas para personas con discapacidad y el nivel de intervención del Estado ante la mora de deudas bancarias.
El Gobierno sostiene que el DNU 70 es la base de numerosas reformas desregulatorias. El artículo 154 elimina las restricciones a la propiedad de tierras por extranjeros, vigentes desde la ley 26.377 sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En el plano económico, el Presidente Javier Milei ratificó este lunes al ministro de Economía, Luis Caputo. Afirmó que ambos son «simbióticos» y comparten las mismas concepciones. La ratificación se produjo en medio de versiones sobre diferencias internas en el Gabinete. El propio Caputo declaró que la economía «no se reactiva». Los principales consultores de mercado proyectan una contracción del 1,2% para el tercer trimestre, tras una caída del 0,6% en el segundo. El FMI revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para la Argentina.
La Auditoría General de la Nación (AGN), presidida por Juan Manuel Olmos, emitió un dictamen sobre el balance del Banco Central. Señaló una pérdida de US$1.023 millones en operaciones de cobertura con instrumentos financieros vinculados al precio del oro. El BCRA respondió que se trata del costo de un seguro contratado para protegerse de una eventual caída del metal. La AGN sostuvo que corresponde explicar el monto pagado por esa cobertura. El dictamen fue el primero de la oposición peronista sobre las cuentas del BCRA.
En el frente legislativo, el Gobierno enfrenta dificultades para reunir mayorías. El ministro Caputo mantiene demorados fondos prometidos a las provincias, lo que afecta la relación con gobernadores. El diputado Diego Santilli viajó con gobernadores peronistas a París, donde le manifestaron que estaban dispuestos a ayudar pero que los compromisos de Caputo no se cumplían. Esta situación paraliza proyectos como la derogación de las PASO y la conformación de colectoras electorales.
En cuanto a la privatización de AySA, la licitación fue adjudicada a un consorcio integrado por Walter Román (20%), la brasileña Equipav (15%), Mauricio Filiberti (10%) y el fondo PHX Aqua (55%). Este último fue constituido hace un mes y sus dueños no han sido identificados. Legisladores peronistas pidieron suspender el proceso y conocer la tasación de la empresa.
El Presidente también se reunió con Patricia Bullrich, quien planteó objeciones al rumbo del Gobierno. Tras el encuentro circularon versiones sobre una eventual fórmula electoral. La derogación de las PASO, impulsada por el oficialismo, no prospera. Si se mantienen, el peronismo podría utilizarlas para dirimir su interna entre Sergio Massa y Axel Kicillof, con Cristina Fernández de Kirchner observando el escenario.