El operativo que trasladó a 1.400 internos desde la cárcel de Devoto al nuevo penal de Marcos Paz generó cuestionamientos internos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por falta de información, mientras el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, presentó su renuncia. Organismos de control documentaron fallas logísticas y restricciones a la supervisión.
El Gobierno nacional calificó como “un éxito” el traslado de 1.400 presos desde la Ciudad de Buenos Aires al nuevo penal de Marcos Paz. El operativo, que se realizó el lunes 19 de octubre, derivó en cuestionamientos internos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en la renuncia del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi.
Malestar en las bases del SPF
Un agente del SPF que presta servicios en Devoto, que habló con este medio en estricto off the record, afirmó: “Los agentes del Servicio Penitenciario Federal nos enteramos del traslado por la prensa. Tampoco se nos informó cuáles serían nuestras funciones durante el operativo hasta el mismo día del operativo”.
“Esto abarca a los agentes ‘comunes’ como nosotros, no sé si los jefes estuvieron al tanto de antemano y si ellos sí participaron del planeamiento de la operación”, añadió la fuente.
Según el testimonio, “cerca de un centenar” de agentes aún desconoce su próximo destino laboral. “No te puedo brindar un número exacto, pero creo que debemos ser cerca de un centenar los que todavía no sabemos cuál será nuestro próximo destino de trabajo”, manifestó.
El agente también se refirió a las fricciones con la Policía Federal Argentina durante el operativo: “La relación con los agentes de la Policía Federal siempre fue complicada. Al ser agentes federales ellos no tienen una visión de que somos colegas, se creen más que nosotros. Eso se refleja ya en los modos con los cuales se dirigen a nosotros, ninguneando e incluso con insultos. Pero nosotros también somos agentes federales, solo que del Servicio Penitenciario”.
Renuncia de Julián Curi
El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, presentó su renuncia indeclinable el viernes. El funcionario, perteneciente al ala de la senadora Patricia Bullrich, aclaró que dejaba el cargo por desacuerdos sobre la gestión penitenciaria. Sus diferencias con la ministra Alejandra Monteoliva se centraron en el traslado de detenidos desde dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, la estrategia para abordar la sobrepoblación carcelaria y las obligaciones que recaen sobre la estructura del SPF.
Informes de organismos de control
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) documentaron fallas de coordinación logística durante el vaciamiento del penal porteño.
La Cámara del Crimen emitió un fallo que dio la razón a un hábeas corpus colectivo interpuesto por la PPN y ordenó al SPF cumplir con el protocolo de notificación previa de 72 horas a familiares y defensores antes de realizar traslados. La Justicia determinó que la velocidad del operativo afectó las garantías básicas de defensa y obligó a las autoridades a permitir el ingreso inmediato de los órganos de control.
El CNPT emitió un comunicado tras una inspección en Marcos Paz. En el texto, el organismo aseguró que “el ingreso de los organismos de monitoreo pudo concretarse recién ocho días después del inicio de los traslados y luego de la presentación de una acción de hábeas corpus interpuesta conjuntamente por el CNPT y la PPN el miércoles 14 de octubre, ante las restricciones que impedían el ejercicio de sus funciones de supervisión”.
Durante la fiscalización en el Complejo VIII, los organismos advirtieron que “entre las pertenencias personales que aún no habían sido restituidas a las personas trasladadas se encontraban medicamentos de uso personal, una situación que podría comprometer la continuidad de sus tratamientos”.
El CNPT también señaló que “en algunos pabellones, menos de la mitad de las personas alojadas había recibido su ropa al momento del monitoreo” y que “numerosas personas continuaban utilizando exclusivamente la ropa que llevaban puesta al momento del traslado, en algunos casos desde el lunes o martes”.
El informe recopiló denuncias contra el accionar de las fuerzas federales: “se recibieron alegaciones coincidentes sobre agresiones físicas y otros hechos de violencia atribuidos a agentes del Servicio Penitenciario Federal, que habrían ocurrido tanto en el establecimiento de Devoto como durante los operativos de traslado, así como en el propio complejo de Marcos Paz”.
Los evaluadores cuestionaron el criterio de la mudanza: “el operativo de traslado fue planificado y ejecutado priorizando criterios de seguridad penitenciaria, sin contemplar adecuadamente las consecuencias que su implementación tendría sobre los derechos de las personas privadas de libertad”, y señalaron que una mejor organización logística previa habría mitigado las deficiencias detectadas.
Interrupción de estudios universitarios
La reubicación interrumpió las actividades de formación universitaria del Centro Universitario Devoto (CUD). El CNPT advirtió “con preocupación la interrupción de las trayectorias educativas de las personas que cursaban estudios universitarios en el Centro Universitario Devoto (CUD), dado que el nuevo complejo de Marcos Paz no cuenta con una oferta educativa equivalente”, bajo el programa UBA XXII.
Las autoridades penitenciarias informaron a los inspectores que prevén trasladar a los estudiantes al Complejo de Ezeiza para garantizar la continuidad pedagógica, pero reconocieron que no existe una fecha cierta para ejecutar la medida.
Dificultades para las visitas
El CNPT también señaló que “la oferta de transporte público que llega hasta el complejo es muy limitada y, desde el punto más cercano al que pueden acceder por estos medios, los familiares deben recorrer a pie más de dos kilómetros hasta el ingreso”, lo que representa un obstáculo para las visitas de niños y adultos mayores.
Declaraciones de las autoridades
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró que el operativo se había realizado “sin conflictos, sin motines y sin fugas”. Las preguntas de la prensa debieron ser respondidas fuera de la emisión oficial, en la vereda del penal, por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra Monteoliva, luego de que la transmisión oficial se interrumpiera tras el discurso de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
El agente del SPF consultado desvinculó el reclamo de cualquier intencionalidad política: “Nosotros no tenemos ningún problema de ningún tipo con las autoridades del Ministerio de Seguridad. Son nuestras autoridades políticas y los respetamos y queremos que les vaya bien en su gestión. Lo que pedimos es que nos tengan al tanto”.
Asimismo, planteó el impacto familiar de la reubicación: “Hay oficiales que tienen hijos en edad escolar. Si vamos a cambiar de destino laboral, eso requiere una planificación que impacta no solo en nosotros sino también en nuestras familias, principalmente en los chicos”.
Respecto a los ingresos, el agente indicó: “Mi último sueldo, el de septiembre, fue de un poco más de $1.500.000 en mano. Con eso yo tengo que mantener a mi familia, pagar los servicios, el transporte público y todos los gastos que conlleva el día a día, más si tenes hijos chicos”.
Sobre la incertidumbre general, concluyó: “Hubo familiares que vinieron a Devoto estos días a preguntar cómo iba a ser la modalidad de visitas de ahora en más. Acá quedaron varios presos que son los que van a recibir al Papa, si la visita se concreta. Esos presos siguen con el régimen habitual. Ahora, lo que pasará en Marcos Paz, la distancia, los horarios y esas cuestiones, tampoco tenemos ninguna información”.