El exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica se presentó ante el juez federal Julián Ercolini en una causa que investiga la administración de fondos del gremio y de su obra social. También fue citada María Soledad Calle. Ambos niegan las acusaciones.
La investigación judicial sobre la gestión de Abel Furlán al frente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumó novedades en las últimas horas. El exmandamás del gremio metalúrgico se presentó ante el juez federal Julián Ercolini a una declaración indagatoria en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la administración de los fondos de la organización gremial y de su obra social.
La resolución, fechada el 6 de noviembre, alcanza también a María Soledad Calle, la número dos del exconductor metalúrgico. A los dos se les atribuye haber intervenido en una presunta maniobra mediante la cual se habrían administrado de manera poco clara los intereses patrimoniales de la UOM y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (OSUOMRA), con el supuesto objetivo de beneficiar económicamente a la firma USEM S.A. y a sus integrantes.
Furlán se presentó este 17 de noviembre y presentó un escrito en el que reclamó ser sobreseído. Por su lado, Calle fue convocada para el 24 de noviembre a las 10.30. Las indagatorias de otros cuatro imputados quedaron programadas para diciembre: Lobato el 1°, Braconi el 9, Brunelli el 14 y Ortiz el 15.
La decisión judicial también incluyó medidas cautelares de carácter patrimonial. Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de los seis imputados y de la propia UOM, además de restricciones vinculadas con el acceso a cajas de seguridad que pudieran tener en entidades financieras.
Furlán negó incompatibilidad en la situación que se generó con Calle, que entonces era empleada de la UOM y se hizo conocida mediáticamente por adquirir un departamento en el mismo edificio de Cristina Kirchner, en San José 1111. “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, sostuvo Furlán en su descargo. No respondió preguntas.
Los contratos bajo investigación
El eje de la causa está puesto en dos contratos firmados el 27 de febrero de 2023 entre la UOM, su obra social y USEM S.A. Los acuerdos tenían una vigencia prevista de diez años, desde el 1° de marzo de 2023 hasta el 28 de febrero de 2033, y otorgaban a la empresa privada distintas funciones relacionadas con la administración operativa de fondos, cuentas bancarias y circuitos de pago.
En particular, USEM quedó a cargo de gestionar cuentas correspondientes a las seccionales y al Secretariado Nacional, ejecutar pagos por cuenta y orden de las entidades, analizar obligaciones, verificar desembolsos y realizar tareas de auditoría y rendición de cuentas.
Uno de los puntos que llamó la atención del juzgado es la cercanía temporal entre la constitución de la compañía y la firma de los acuerdos. USEM S.A. había sido creada el 7 de diciembre de 2022, apenas 82 días antes de convertirse en proveedora de la organización sindical y de su obra social.
Además, la composición societaria de la firma quedó bajo la lupa por la participación de Calle, quien mantenía simultáneamente una relación laboral con la UOM y era propietaria del 50% de las acciones de USEM. La otra mitad pertenecía a Braconi, quien se desempeñaba como presidente de la sociedad, mientras que Calle ocupaba el cargo de directora suplente.
Para el magistrado, esa superposición entre la entidad contratante y la empresa beneficiaria constituye uno de los elementos centrales de la investigación. La resolución señala que no se habría acreditado una compulsa competitiva previa, una comparación de precios ni una evaluación formal de los antecedentes y la capacidad operativa del proveedor. Tampoco se habrían establecido mecanismos específicos para prevenir posibles conflictos de intereses.
Otro aspecto cuestionado está relacionado con las condiciones económicas de los contratos. Según la reconstrucción judicial, el esquema de remuneración de USEM estaba vinculado porcentualmente a los fondos administrados, sin una relación directa con la cantidad o complejidad de las operaciones, el personal afectado o los resultados concretos del servicio.
A esto se sumaba una cláusula que permitía a la empresa rescindir unilateralmente los acuerdos mediante un preaviso de 30 días, mientras que la UOM y OSUOMRA no contaban con una facultad equivalente en condiciones ordinarias.
La sospecha de sobrecostos y las prestaciones cuestionadas
La resolución también profundizó sobre el cumplimiento efectivo de las tareas que justificaron la contratación. Según el análisis incorporado al expediente, la actividad desarrollada por USEM habría consistido principalmente en recibir instrucciones y órdenes de pago previamente autorizadas, instrumentar las operaciones ante las entidades bancarias y remitir posteriormente los comprobantes.
Sin embargo, el juzgado sostuvo que no se obtuvo evidencia suficiente para acreditar el cumplimiento efectivo de una parte sustancial de las prestaciones comprometidas, especialmente aquellas vinculadas con el análisis, la auditoría y la validación de las obligaciones de pago.
En este marco, las cotizaciones reunidas durante la investigación para servicios comparables resultaron sustancialmente inferiores a los costos afrontados por las entidades. Esa circunstancia, sumada a la ausencia de una compulsa previa y al presunto conflicto de intereses, permitió al magistrado plantear la sospecha de un sobrecosto soportado por los patrimonios de la UOM y su obra social.
La resolución aclaró que la investigación patrimonial y financiera deberá continuar para determinar el destino de los fondos y los eventuales beneficiarios finales de las operaciones cuestionadas.
El avance judicial se produce en medio del debate por la conducción de la UOM, que se encamina a una lista de unidad liderada por el secretario general de CABA, Roberto Bonetti. Y luego del desplazamiento de Furlán de la conducción nacional del sindicato, en el marco de la intervención dispuesta por la Justicia laboral.
El exdirigente metalúrgico había rechazado las acusaciones y, a través de sus abogados, reclamó anteriormente su sobreseimiento. Su defensa cuestionó los fundamentos de la investigación y advirtió sobre el riesgo de que la causa se convierta en una pesquisa general sobre la administración del gremio.
