A los seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que ya pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, la Justicia busca recuperar al menos u$s530 millones, producto del perjuicio que le provocó al Estado las maniobras realizadas por los condenados en la causa Vialidad.
Es por el delito de fraude a la administración pública, producto de la corrupción en las licitaciones de rutas en Santa Cruz. Este monto no incluye la demanda civil que inició el Estado contra los condenados, cuyo monto asciende a u$s1.120 millones y se tramita por separado.
Estas cifras representan el estimado de lo desviado en concepto de corrupción, solo en materia de fraudes en el sector de Vialidad. Ese monto debe ser pagado de manera solidaria por todos los condenados, incluida Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los exfuncionarios de Vialidad Nacional provincial que están presos.
La suma surge del monto calculado por los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, Rodrígo Giménez Uriburu y Andrés Basso cuando impusieron las condenas en diciembre de 2022.
En caso de que no cumpla con la devolución, no se descarta que la expresidenta tenga que subastar bienes, entre los que se encontrarían más de 20 inmuebles. Así lo solicitaría el fiscal, que amenaza con iniciar la ejecución de sus patrimonios si no cumplen en un plazo de 10 días hábiles.
Además de la ex presidenta, los responsables del millonario perjuicio al erario público son Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. Todos están señalados por haber formado parte de un esquema sistemático de direccionamiento de la obra pública.
Esa cifra, que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena, ahora debe ser actualizada por los jueces del tribunal oral. Luego deben pasar lista a los bienes embargados a todos los condenados, decomisarlos, y ponerlos a subasta para que el Estado recupere el dinero y lo destine a la persecución penal.
El monto original que se estableció en la condena dictada en diciembre de 2022 del perjuicio al Estado fue de $84.835.227.378.
Cristina Kirchner tiene que devolver millones de dólares: los fundamentos de la Justicia
En los fundamentos de la sentencia, los jueces remarcaron la «certeza» de que entre 2003 y 2015 se ejecutó una «extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional», mediante «la tramitación de 51 procesos de licitación pública» para obras viales en Santa Cruz.
Las licitaciones terminaron en manos del Grupo Austral, la empresa insignia de Lázaro Báez, estrecho colaborador y ex socio comercial de la exmandataria. El tribunal destacó que esas obras fueron «sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas» a Báez, y subrayó que el crecimiento de su holding empresarial fue «exponencial» y estuvo «directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción».
La sentencia fue aún más contundente al afirmar que tanto exfuncionarios de Vialidad nacional como de su par en Santa Cruz «operaron al margen del interés público», y que «detrás de una apariencia de licitud» funcionó una «sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito».
En esa línea, los jueces hicieron una advertencia clave: «El móvil que daba sentido a tan compleja maniobra era el beneficio que de ella obtenía, además de Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner». Según el fallo, los «incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación», ya que «parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta».
El patrimonio en blanco de Cristina Kirchner
Lo cierto es que los datos oficiales de sus declaraciones juradas presentadas en el año 2024 indican que Cristina posee un patrimonio importante a juzgar frente a los ingresos de la población del país que presidió en dos oportunidades, pero, lejos está de contabilizar un PBI argentino. En blanco se lee que posee un patrimonio de $249.421.220,32, marcando un incremento considerable en tan solo cuatro años de vicepresidencia del gobierno del Frente de Todos (2019-2023).
Entre los activos más destacados se encuentran un auto 0 Km, un Corolla Seg Hev 1.8 valuado en $15.333.801,00, y el usufructo de un departamento en Recoleta y una residencia en El Calafate, valuados en $35.706.295,51 y $24.848.436,00, respectivamente.
Uno de los aspectos más llamativos de su declaración es la tenencia de acciones en once compañías diferentes, incluyendo a Mercado Libre, con acciones valoradas en 39.771.286,00 pesos, y Apple, con 1983 acciones por un total de 34.660.857,00 pesos. Todas estas acciones fueron adquiridas el 10 de octubre de 2023. Son datos declarados hace meses.
Una foto vieja de sus pertenencias, pero que da una idea del dinero con el que podría llegar a enfrentar una millonaria demanda civil por la causa Vialidad.
Las consecuencias no deseadas del fallo ratificatorio de la Corte Suprema
Lo más probable es que «el blanco no les cierre» como sostenía el recordado periodista Jorge Lanata y, con esa idea en mente, los jueces de la Cámara Federal porteña ordenaron en 2024 reabrir una causa por inconsistencias en las declaraciones juradas de la exvicepresidenta, luego de la muerte de Néstor Kirchner, que podría traer más luz a la oscuridad que reinó durante los años en los que el matrimonio dirigía los destinos de la Nación. Además, las querellas que se tramitan en la justicia civil como consecuencia de la administración fraudulenta en la causa Vialidad, son megamillonarias.
Y, en el ámbito judicial, nadie cree que Cristina termine sin un peso y todos recuerdan, como si fuera ayer, el expediente X caratulado: Norberto Oyarbide.
El fallecido juez contaba a comunicadores: «Me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner». Se ratificó el hecho durante las actuaciones en la causa de los Cuadernos. Como arrepentido, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, terminó por declarar que el ex juez Norberto Oyarbide manipuló el peritaje que le permitió sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner, pese a que registraron un incremento patrimonial de 158 % solo en el año 2008.
Relató cómo el entonces juez le dio instrucciones sobre cómo debía hacer la justificación de la defensa. Esos argumentos fueron usados luego por Oyarbide para firmar la declaración de inocencia de los Kirchner pese a la millonaria fortuna que reportaban.