La gravedad del atentado contra la vida de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) anteayer por la mañana cuando en la sede de la entidad, en el barrio de Palermo, se recibió un paquete explosivo, sacudió no solo al ámbito agropecuario sino también a la política nacional.
Al cierre de esta edición comenzaban las investigaciones del hecho en el Juzgado Federal número 7 y resultaba prematuro extraer conclusiones sobre las motivaciones del hecho de violencia. El rechazo de la comunidad agroindustrial, el Gobierno y parte de la dirigencia política pueden tomarse como un repudio a retornar metodologías que la democracia dejó enterradas.
El cobarde ataque corrió del eje a la entidad que venía trabajando, precisamente, en otra dirección: la de avanzar en desregulaciones para el agro. Recientemente, Pino y un equipo de la SRA se habían reunido con técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, para evaluar la eliminación de normas o trabas burocráticas que impiden el normal desarrollo de las actividades productivas. En las próximas semanas habrá avances en este sentido.
Esta semana, además, Pino fue testigo en la Unión Industrial Argentina (UIA) del discurso que el presidente Javier Milei brindó en la entidad y en el que apuntó contra la política económica que había beneficiado a la industria en detrimento del agro. “Para proteger a la industria se le robó al campo”, exclamó el Presidente, fiel a su estilo, en la sede de la UIA. “¿Me escuchaste, no?”, le dijo Milei a Pino al finalizar su discurso, según contó LA NACION Campo.
Esta definición del primer mandatario recibió el apoyo de la dirigencia ruralista y agroindustrial. “Nos saquearon en las últimas dos décadas unos US$200.000 millones solo en concepto de retenciones, frenando el desarrollo de la Argentina mientras nuestros competidores ganaron mercados en todo el mundo”, dijo luego el presidente de la SRA.
¿Se trata de revivir una antinomia? No tiene sentido cuando el agro, a su vez, genera encadenamientos productivos que ya no se pueden definir como “sectores primarios”, pero sí está claro que la producción agrícola ha sido discriminada en relación a otros sectores durante gran parte del siglo pasado y también del actual.
La definición de Milei fue contundente en términos de expresión de un economista, pero como cabeza del Poder Ejecutivo revela algunas contradicciones con la realidad. Alcanza con recordar que los derechos de exportación a los principales cultivos del país, fundamentalmente a la soja siguen estando en niveles confiscatorios. También se puede dar cuenta de otras medidas: por ejemplo, el RIGI, el régimen de Tierra del Fuego o el sistema que le permite a la industria automotriz pagar menos retenciones si aumentan las exportaciones respecto de años anteriores.
Es cierto que el Gobierno anunció bajas de retenciones para la lechería o algunas categorías de vacas, pero el corazón de la presión impositiva sobre el agro sigue intacto y es la actividad que tiene las mayores discriminaciones. Esto ocurre mientras el Gobierno se muestra poco interesado en discutir políticas como las propuestas por el proyecto de ley Agroindustrial o el Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA). Por ahora evalúa algunos incentivos con un proyecto de ley pyme.
El argumento del equipo económico es que primero se tiene que terminar con el déficit fiscal y equilibrar el orden macroeconómico porque el desastre heredado del gobierno de Alberto Fernández y de la gestión de Sergio Massa impide dar pasos en falso. Esto es lo que abre una luz de esperanza entre quienes creen que, esta vez, el cambio de sistema tendrá una salida positiva.
Mientras tanto, el Gobierno, además de avanzar con las desregulaciones, propone encontrar nuevos mecanismos de financiamiento para la actividad como el “Pagaré Valor Producto” para la compra de maquinaria e insumos, que le propuso la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a la Secretaría de Producción, que maneja Juan Pazo. Semanas atrás se habían anunciado créditos a pagar en valor producto.
Son caminos para ir avanzando de a poco: todavía no se ingresó en la autopista para ir a mayor velocidad. El agro está en condiciones de hacerlo. Solo espera que las medidas sean las correctas.
