martes, 25 junio, 2024
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La industria metalúrgica se expresó contra una artículo clave de la Ley Bases

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, advirtió que el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) incluidos en la Ley Bases «podría generar una competencia desleal con la industria preexistente».

En ese sentido, graficó que «si el producto en Estados Unidos vale un millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30 por ciento menos comprarlo afuera». 

«No estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos», remarcó Del Re.

El RIGI, incluido en el texto del proyecto de la Ley de Bases que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso, establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, que ponen en desventaja a la industria nacional. 

Entre ellos, contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.

Asimismo, les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20 por ciento de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40 por ciento al segundo año y del 100 por ciento a partir del tercero.

Del Re subrayó que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales «ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes».

Asimismo, afirmó que el RIGI «no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local».

En este marco, ADIMRA envió el lunes pasado una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades parlamentarias para advertirles sobre el impacto que tendría en el sector la aprobación del Régimen. Además, incluyeron un petitorio para que se revea el proyecto, ya que, tal como está planteado en su última versión, «atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de grandes empresas y las importaciones».

En el mismo documento puntualizaron que no se igualan «las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales, ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único (los beneficiarios del régimen) podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto en la etapa de la inversión inicial, así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las PyMEs».

En ese sentido, Del Re explicó que «los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos, no están acompañados de obligaciones por parte de los beneficiarios que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto, atentando también sobre la sostenibilidad macroeconómica del país».

La semana pasada se difundió el Informe de Actividad metalúrgica que reveló una caída del 17,7 por ciento interanual en marzo, configurando un descenso del 6,6 por ciento en el primer trimestre.

Además, confirmó el bajo nivel de actividad registrado sólo superado, en los últimos ocho años, por los cuatro meses más duros de la pandemia de 2020.

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