viernes, 14 junio, 2024
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Casanello pidió al Gobierno informar cuántos alimentos tiene y le ordenó que los distribuya de inmediato a los comedores

El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

Lo hizo ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos.

El juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que «elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas».

Casanello dispuso «librar una orden de presentación» (el aporte voluntario de documentación e información) «el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán».

Ese informe «deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería».

Causa comedores: el Gobierno deberá distribuir los alimentos que tenga almacenados

Además, el juez pidió «los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada».

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El planteo fue formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales

La orden tendrá efecto inmediato: «deberá diligenciarse por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del año en curso a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Av.  9 de Julio 1925 de esta ciudad».

Casanello dispuso que «una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado».

«Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al citado Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias (que incluyen asistir en todo lo concerniente a «la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores») elabore un plan de distribución de dichos alimentos«, subrayó el fallo.

Ello –aclaró- «en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato». «Tal plan deberá ser informado de manera precisa al tribunal, en el plazo de 72 horas, urgió el juez.

Causa comedores: citan a indagatoria a dirigentes sociales

El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales.El juez resolvió citar a indagatoria a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el día 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper para el día 12 de junio; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli para el día 13 de junio; Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez para el día 18 de junio y Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma para el día 19 de junio. La ronda termina con la citación a Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para 25 de junio.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

Para el fiscal Gerardo Pollicita, «al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.

El juez adoptó la decisión después de «avanzar en el estudio patrimonial de las personas investigadas -en el marco de los acuerdos suscriptos con el Estado, debido a que la percepción y disposición ilegítima de fondos públicos integraba una parte de los hechos objeto de la presente».

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