martes, 25 junio, 2024
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Debido a la existencia de la alternativa de trabajar, la educación universitaria no es gratuita

La gratuidad de las universidades estatales se ha hecho indiscutible, como un dogma religioso, en gran parte de los ámbitos intelectuales y políticos de Argentina. Se la suele asociar con la Reforma Universitaria de 1918, aunque en realidad no es parte de ella: el Primer Congreso Nacional de Estudiantes del 21 de julio de 1918 rechazó el principio de gratuidad de la enseñanza, que había sido propuesto por Gabriel del Mazo y Dante Ardigó.

La propuesta de gratuidad universitaria recién apareció en el Plan Quinquenal de Perón. El movimiento reformista de 1918 en sus orígenes estaba concentrado en su propósito transgresor y hostil al status quo, tal como lo plasmaron en el Manifiesto Liminar del Movimiento Estudiantil Reformista de 1918, «Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara».

El Manifiesto Liminar termina declarando: «La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.»

Universidad gratuita: un manifiesto contra la opresión

Más que hacer entrar a los pobres a la universidad, el propósito primordial que surge del Manifiesto Liminar es hacer salir de ella a quienes se acusaba de ineptos y opresores intelectuales: «Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la Ciencia».

Más adelante, insiste en denunciar la falta de libertad de debatir, sin reclamar con un énfasis comparable la gratuidad de la universidad: «El chasquido del látigo solo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un instituto de Ciencia, es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla».

Por supuesto, una vez que toma cuerpo la protesta con algún propósito (legítimo o no), se infiltran otras intenciones y se desata una hoguera de pasiones de la que surgen reclamos varios en rebeldía al status quo. La gratuidad universitaria, así como la eliminación de exámenes de ingreso y otras prácticas «limitadoras y elitistas», puede haber encontrado su lugar dentro de las aspiraciones reformistas como un ingrediente más de la demagogia propia de una rebelión transgresora. Un ingrediente irresistiblemente atractivo, ya que consiste en disponer de dineros ajenos.

El autor plantea que el argumento de la gratuidad supone un subsidio de los pobres a los ricos

El autor plantea que el argumento de la gratuidad supone un subsidio de los pobres a la población de mayor ingreso

Casi 30 años después de la Reforma, el Primer Plan Quinquenal de 1947 postuló la gratuidad universitaria para los estudiantes de bajos ingresos. En 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional, luego la Universidad Tecnológica Nacional, gratuita y orientada a la formación técnica de los hijos de obreros. En 1949 se dictó el decreto 29.337, por el cual se estableció por primera vez la gratuidad amplia de todas las universidades nacionales.

Este principio fue recogido en la reforma constitucional de 1994. El artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional dice que se deben garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Puede interpretarse que el propósito es facilitar los estudios a quienes no pueden solventarlos.

La gratuidad universitaria y los más pobres

La economía define los precios como los términos en que se presentan las alternativas. La existencia inexorable de alternativas hace que todo tenga un precio; nada es gratuito. Ir al teatro impone el precio (aunque la entrada fuera el regalo de un amigo) de no asistir a la conferencia de un Premio Nobel. Ser profesor en Princeton tiene el precio de no ser profesor en Stanford. Asistir a la graduación del hijo tiene el precio de no asistir al sepelio de un amigo. Existiendo alternativas nada es gratuito, aunque nadie cobre el precio.

¿En qué sentido, entonces, se puede hablar de gratuidad universitaria? Debido a la existencia de la alternativa de trabajar, la educación universitaria no es nunca gratuita. Aunque no tenga que pagar matrícula, el estudiante está irremediablemente incurriendo en el costo de abstenerse de trabajar mientras estudia. La existencia de al menos una alternativa hace que estudiar –aun sin pagar matrícula- no sea, de hecho, gratuito.

Por cierto, el costo sería mayor si hubiera que pagar matrícula que si no hubiera que pagarla; pero aquí no estamos debatiendo si la educación universitaria es más o menos cara, sino desenmascarando la demagogia de presentarla como algo que puede ser gratuito.

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El debate generado por los recortes al presupuesto universitario puso otra vez sobre la mesa la discusión sobre quién y cómo debe financiar a la universidad

Se observa comúnmente que en las familias más pobres son, en general, los hermanitos menores, si algunos, los que acceden a la universidad, ya que, normalmente, los mayores han sido previamente convocados por la familia a contribuir con su trabajo al mantenimiento familiar. Así, la pretendida gratuidad de la enseñanza universitaria termina siendo «gratuita a expensas de los hijos mayores de la familia».

Por supuesto, quienes más aprovecharían la ausencia de matrícula son aquellos que pueden prescindir de trabajar durante los años que duran sus estudios. Y estos no son, precisamente, los más pobres. Así, la gratuidad universitaria debe mirarse como un descuento en el precio de un producto al cual los más pobres tienen menor acceso.

La universidad sin matrícula es un subsidio a los no pobres, pagado por los más pobres con sus impuestos y mediante menor presupuesto a los niveles básicos de educación, sueldos indignos para los maestros y el consecuente deterioro de la calidad de la enseñanza, disminuyéndose así aún más las posibilidades de acceso de ese grupo a la universidad.

Si algún lector egresado de una universidad sin pago de matrícula encuentra inaceptables los argumentos anteriores, solo queda preguntarle ¿cuántos de tus compañeros de primer año vivían hacinados en viviendas con piso de tierra y sin luz, gas, agua potable ni alcantarillas? Si su respuesta es «muy pocos o ninguno», pregúntese por qué.

(*) Osvaldo Schenone es doctor en Economía, autor, docente universitario y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

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