El organismo resolvió la suspensión y el inicio de juicio político contra dos magistrados federales, archivó expedientes disciplinarios y envió al Poder Ejecutivo listas de candidatos para 17 tribunales, incluyendo algunos que intervienen en causas por corrupción.
El Consejo de la Magistratura, en un plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó una serie de decisiones de relevancia para el Poder Judicial. Las principales medidas incluyeron la suspensión y la apertura del procedimiento de juicio político contra dos jueces federales, el archivo de numerosas investigaciones disciplinarias y la aprobación de ternas para cubrir vacantes en tribunales clave.
Los magistrados afectados por las suspensiones y el inicio del proceso de remoción son Alfredo Eugenio López, del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, y Pablo Ramiro Díaz Lacava, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. López está acusado de realizar expresiones antisemitas en redes sociales, mientras que Díaz Lacava enfrenta denuncias por mal desempeño y ejercer violencia, particularmente contra mujeres, en su ámbito laboral.
La decisión sobre López adquiere una dimensión adicional, ya que el juez presentó su renuncia la semana pasada. Si el Poder Ejecutivo la acepta, evitará el juicio político y accederá a su jubilación. De lo contrario, el proceso continuará y, de ser removido, perdería ese derecho.
La votación para suspender a los jueces y promover el jury contó con 15 votos a favor de consejeros de distintos bloques. Se registró una abstención por parte de los representantes del oficialismo y un voto en contra del consejero juez Alberto Lugones. Los consejeros Alejandra Provítola y Guillermo Tamarit estuvieron ausentes.
Por otro lado, el Consejo decidió archivar al menos 16 expedientes disciplinarios contra otros magistrados, debido al vencimiento de los plazos para su tratamiento, a renuncias o a la falta de evidencia. Entre los casos cerrados se encuentran los de la jueza María Eugenia Capuchetti, vinculada a la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
En materia de designaciones, el organismo aprobó 17 ternas de candidatos para cubrir vacantes en diversos tribunales. Se destacan las destinadas a los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py 2002, que intervienen en causas por corrupción contra funcionarios y exfuncionarios. La falta de jueces titulares en estos tribunales ha generado inconvenientes, como la necesidad de designar suplentes para un juicio por el ‘Vacunatorio VIP’ la semana pasada.
Las ternas incluyen candidatos para los ocho cargos vacantes en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de Instrucción (para delitos comunes) y para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba.