La fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA solicitaron la detención de Ariel Vallejo, financista cercano al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y de su madre, Graciela Vallejo, tras no comparecer a una citación judicial en Lomas de Zamora.
La fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA pidieron hoy la detención de Ariel Vallejo, el financista de la AFA cercano a Claudio «Chiqui» Tapia, y de su madre, Graciela Vallejo, debido a que no se presentaron a declarar por la mañana en el juzgado federal de Lomas de Zamora. El juez federal Luis Armella ordenará sus detenciones si no comparecen mañana a primera hora.
Entre los investigadores existe una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo podría resultar explosiva si acepta responder preguntas. Las sospechas apuntan a que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política. Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de 5400 millones de pesos por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue intermediaria en un «pasamano» del dólar blue por 25 millones de dólares.
El juez Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes. Según la resolución judicial, Vallejo era la cabeza de la organización. Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes y propiedades vinculadas a las maniobras investigadas.
Además de Vallejo y su madre, fueron citadas Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, quien estuvo detenida al comienzo de la investigación. El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias de todos los citados y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo. La investigación identificó «una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario», operada a través del grupo Sur Finanzas bajo la dirección de Maximiliano Vallejo.
La causa comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego, ARCA denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas sin capacidad financiera para mover miles de millones de pesos. A través de la plataforma «Sur Finanzas PSP» se hicieron transferencias por 818.000 millones de pesos, entre las que figuran monotributistas sin capacidad económica y personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas. Con 660 millones de pesos, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. La fiscal Incardona sostuvo que «esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora».
Entre otros delitos, Armella imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas por un total de 46.511.222,65 pesos, el mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.