El Ejecutivo remitió al Senado los pliegos de 45 jueces y fiscales nacionales y federales, en su mayoría del interior del país, como parte de una estrategia para obtener apoyo de la oposición dialoguista en la designación de cargos judiciales.
El Gobierno envió al Senado los pliegos de 45 nuevos jueces y fiscales nacionales y federales, muchos de ellos del interior del país, con los que busca que la oposición dialoguista los apoye con sus votos para respaldar a los postulantes de las provincias. En el paquete resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.
Del total de 45 pliegos, 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires, y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Entre los pliegos más salientes está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). Ponte dirige un organismo hipersensible que depende de la Corte Suprema de Justicia, ya que cubre las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial, el análisis forense de mensajes de sospechosos y la realización de estudios periciales delicados. Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, donde está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol. Ese juzgado además tiene jurisdicción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Ponte está casado con la fiscal Alejandra Mángano, que hace tres semanas pidió cerrar la causa contra Manuel Adorni por el viaje a Nueva York con su esposa, al entender que no había delito. Es hijo de un exintendente radical de General Lavalle. Además, en la lista está la renovación del pliego del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la ley de reforma laboral. Florentino Malaponte es propuesto para la Cámara Federal Rosario, Sala A, y proviene de una familia con linaje en el radicalismo santafesino, en el entorno del gobernador Maximiliano Pullaro. También está Javier Cosentino, propuesto para la Cámara Comercial, que fue postulado por Mauricio Macri, su pliego retirado por Alberto Fernández, vuelto a enviar y retirado de nuevo, y ahora impulsado por Milei. El kirchnerismo lo denunció por sus fallos en la causa comercial de Oil Combustibles.
El Ejecutivo envió los pliegos de Santiago José Martín para la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata; y de Santiago French para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, considerado pionero en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy. Para Chubut envió el pliego de Sebastián Pedro Ruiz como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia; para Tucumán, a Pablo Roberto Toledo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal y a Ángel Roger Luna Roldán para el mismo tribunal. Para Chaco, el pliego de María Virginia Ise para la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; para Misiones, a Ruth María Ponce de León como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas; para Catamarca, a Ana María Busleiman como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca; y para San Juan, a Leopoldo Jorge Rago Gallo como juez federal número 2. En Corrientes fueron propuestos Hugo Daniel Froy como fiscal federal de Paso de los Libres, Juan Marcelo Burella Acevedo como fiscal federal de Corrientes y Patricio Nicolás Sabadini como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. En Mendoza, Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal general ante los Tribunales Orales Federales.
Con estos nombres, el oficialismo busca destrabar en el Senado la designación de jueces. Un sector de la oposición dialoguista le había hecho saber que en política se cobra por adelantado: si querían los votos, era necesario mandar los pliegos de los jueces que les interesaban a los gobernadores. A juzgar por la lista que envió, Mahiques tomó nota de esa premisa política. Con estos nombres ya son casi 150 los postulantes enviados al Senado desde que asumió el cargo hace tres meses. De acuerdo a un relevamiento, hay vacantes en más del 35% de los juzgados en todo el país. Senadores radicales, peronistas díscolos, macristas del Pro y de fuerzas provinciales desconfiaban de la administración de Milei y decidieron frenar los pliegos. Por eso se registró esta movida apenas arrancó la semana para que prosperen en la Comisión de Acuerdos los nombres de los candidatos acordados.