Este viernes entra en vigor en la Unión Europea el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un paquete normativo que modifica aspectos del control migratorio y la protección internacional en España.
Madrid, 12 jun (EFE).- Este viernes entra en vigor en la Unión Europea (UE) el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un paquete normativo que cambia algunos aspectos del control migratorio y la protección internacional en España. Fue acordado en diciembre de 2023 bajo la presidencia española del Consejo de la UE.
El pacto introduce un proceso de triaje común en toda la UE para los nacionales de terceros países que llegan a la frontera sin permiso de entrada. Esto incluye un reconocimiento médico preliminar, un examen de vulnerabilidades, identificación, registro de datos biométricos, cumplimiento de un formulario y derivación al procedimiento de protección internacional o de retorno.
Mientras dure el proceso, el migrante no podrá recibir autorización de entrada y deberá permanecer a disposición de las autoridades. El triaje puede durar hasta 7 días, pero en el caso de España se mantiene el plazo actual de 72 horas.
La recogida de datos biométricos se amplía: pasa del registro de huellas dactilares a la toma de una fotografía del rostro y digitalización de la documentación. La edad para recabar estos datos se reduce de mayores de 14 años a todos los que superen los 6 años. La información se compartirá entre los Estados miembros a través de una nueva base de datos que incluirá a todas las personas llegadas de forma irregular a Europa.
En materia de asilo se establecen tres procedimientos: el de frontera, que se resolverá en 12 semanas; el examen acelerado, en tres meses; y el examen estándar, de seis meses. En el procedimiento de frontera, el solicitante no podrá recibir autorización de entrada mientras se resuelve y deberá permanecer en instalaciones habilitadas. El procedimiento acelerado se aplica a personas de países con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20% en la UE o considerados seguros, como Colombia o Marruecos. Para el procedimiento general, la petición debe registrarse en 5 días y formalizarse en otros 21.
Con la entrada en vigor del pacto, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas a ciudadanos de Venezuela en los últimos años. El Gobierno español ha garantizado que mantendrá la capacidad de la red de acogida para migrantes que llegan de forma irregular y solicitantes de asilo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición sus centros para el procedimiento fronterizo, con unas 10.000 plazas.
El pacto incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria con los países con mayor presión migratoria (España, Italia, Grecia y Chipre). Todos los Estados miembros deben colaborar mediante reubicaciones, apoyo operativo o una contribución financiera de 20.000 euros por cada persona que les correspondería acoger. Para el primer ciclo de seis meses, España priorizará recibir una contribución financiera destinada a costear detalles operativos como la formación de jueces. Todos los países deben contribuir según su PIB y población; el Gobierno español propuso aportar 42 millones de euros este año, suma sobre la que podría pedir una reducción o exención.
España ha rechazado la creación de centros de deportación fuera del territorio de la UE por tener «serias dudas» sobre su legalidad y proporcionalidad, según declaraciones oficiales.