Empresarios y especialistas advierten que el contrabando se volvió una estructura cada vez más sofisticada y crecen las alertas en sectores como tecnología, indumentaria y tabaco.
La preocupación por el avance del contrabando crece en la Argentina. Datos de la industria exhiben que la actividad dejó de ser un fenómeno marginal y se transformó en una estructura organizada que drena miles de millones de dólares al año y afecta especialmente a sectores como tecnología, indumentaria y tabaco.
Según un estudio realizado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), el comercio ilegal ronda el 5% del PBI en países como la Argentina y Brasil. Y alcanza picos de hasta 8% en mercados como México.
Este diagnóstico coincide con un informe reservado de la consultora MAP, al que LA NACION tuvo acceso, que advierte que el fenómeno “crece por debajo de las napas”. En el documento, se estima que el Estado argentino dejó de percibir unos US$2300 millones en ingresos fiscales en 2025 debido al contrabando en sectores como cerveza, tabaco, textiles y celulares. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a la construcción de 3800 escuelas o 80 hospitales de alta complejidad.
“El contrabando siempre existió y es probable que siga existiendo”, señaló Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. Grinman ubicó el fenómeno en una lógica de larga data -contrabando, fraude marcario, comercio informal, evasión- pero con una novedad: la aceleración que le dieron el comercio electrónico y las fronteras porosas.
En esa línea, José Velis, director General de Aduanas, enfatizó los desafíos que plantea la evolución tecnológica: señaló que la transformación digital, la expansión del comercio electrónico, la emergencia de la dark web y el uso de criptomonedas crearon nuevas y complejas vías para el tráfico ilegal de mercancías. Estas innovaciones tecnológicas -indicó- permiten a los delincuentes operar con mayor anonimato y escala, dificultando las labores de rastreo, identificación e interdicción por parte de las autoridades.
Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño hizo hincapié en la limitación estructural del Estado: no llega a cubrir los 9300 kilómetros de frontera ni los más de 250.000 comercios de cercanía del país, por lo que el trabajo con las cámaras empresarias se volvió indispensable. Asimismo, detalló que se eliminan alrededor de 700 publicaciones mensuales en plataformas digitales, cifra que podría ser significativamente mayor si se utilizara una herramienta específica de manera más articulada y eficiente.
El sector de la electrónica fue identificado como uno de los más golpeados. Eugenia Mayans, gerente de Relaciones Gubernamentales en Lenovo, advirtió que a principios de año el mercado gris representaba entre el 5% y 15% de las ventas de celulares, mientras que hoy uno de cada tres equipos que se conectan en la Argentina proviene del contrabando: representa aproximadamente 3 millones de unidades anuales. Según indicó, no se trata de compras individuales de viajeros: la industria estima el ingreso de 130 contenedores al año con mercadería que, aunque es original, no cuenta con la homologación de Enacom, afectando su rendimiento y seguridad. Ante este escenario, la ejecutiva explicó que las empresas apuestan a la trazabilidad. Desde hace un año y medio, la Argentina reemplazó las etiquetas físicas de importación por el rastreo mediante el número de IMEI, lo que les permite identificar cuándo y dónde se activa un equipo que no ingresó legalmente.
El cigarrillo, en cambio, es la referencia histórica del comercio ilegal a nivel global, según describió Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris. El ejecutivo destacó que el cigarrillo es el bien legal más contrabandeado del mundo y constituye la principal fuente de financiación para el crimen organizado y entidades terroristas en la región. De acuerdo con Benítez, la media global de consumo ilegal es de uno cada 10, mientras que en Latinoamérica sube a tres de cada 10. No obstante, también aclaró que la Argentina es una excepción con un 11%, frente a países como Chile que saltaron del 17% al 60% de mercado ilegal tras aumentos impositivos y una baja aplicación de la ley. En este marco, Benítez propuso la reducción de impuestos como la medida principal para combatir el contrabando. Explicó que la Argentina tiene una carga del 80% sobre el cigarrillo frente al 14% de Paraguay, lo que genera una distorsión de precios que favorece al mercado negro. El principal polo emisor hacia la Argentina -dijo- es Paraguay, con capacidad para producir 70.000 millones de cigarrillos al año frente a un consumo interno de 1400 millones.
Desde el ala textil, Francisco Morello, director de Legal & Compliance de Adidas, corrió el eje del debate: para su sector, el problema no pasa tanto por el contrabando de productos terminados sino por los talleres clandestinos. La venta callejera en la Ciudad -recordó citando datos de la CAME-, subió 6,5% en el último año, con puestos de diarios convertidos en “showrooms” de productos falsificados. “En los sectores textil y calzado hay capacidad instalada para producir, hay talleres clandestinos; no todo es contrabando”, planteó. Además, Noetinger advirtió sobre un fenómeno más silencioso que las cifras: la normalización social de la compra de productos truchos o de contrabando, cada vez más aceptada como una opción de consumo más. Subrayó que muchos consumidores son conscientes de que compran productos apócrifos debido a la brecha de precios. Asimismo, el ejecutivo consideró que el desafío más complejo hoy es el “social commerce”: planteó que plataformas como TikTok, Instagram y WhatsApp actúan como catálogos donde la barrera de entrada para el vendedor es casi nula. “¿Se acuerdan del juego clásico juego de fichines, donde se golpea a un cocodrilo y sale otro por otro lado? Básicamente, eso es hoy el mundo digital, donde se baja a un usuario que vende falsificados y aparecen otros tres. Es super frustrante”, enfatizó. Ante esto, Morello señaló que desde Adidas están apostando por la educación y la articulación con el sector público. Y como parte de este plan, avanzaron en otra iniciativa con foco social: reciclan mercadería incautada para donar artículos deportivos a fundaciones.
En esa línea, Matías Noetinger, presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, introdujo otro concepto: la falsificación como un delito instalado que se percibe como aceptable. Comparó la venta de productos falsos por WhatsApp entre amigos o comunidades con la venta de mercadería de un camión robado, advirtiendo que en ambos casos se trata de un robo de bienes protegibles, aunque la sociedad no lo perciba así. “Determinadas industrias están impactadas principalmente: aquellas más activas en marcas, donde las marcas tienen más fuerza y donde la diferencia de precio y de producción entre un producto ilegal y un producto legal es abismal. Ahí es donde surgen los grandes réditos económicos del comercio ilegal y la falsificación marcaria”, remarcó. Para Noetinger el comercio ilícito no solo daña a las empresas (que invierten en diseño, patentes y publicidad), sino que también genera un perjuicio directo al Estado (por falta de recaudación) y al consumidor (por inferioridad de calidad). “Es un robo que la gente hace de forma socialmente aceptada”, sentenció.