El gobierno brasileño anunció el miércoles un financiamiento de 18.500 millones de reales (u$s3.660 millones) destinado a las empresas afectadas por los aranceles estadounidenses y por conflictos internacionales.
El gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles un paquete de asistencia financiera por 18.500 millones de reales (aproximadamente 3.660 millones de dólares) para empresas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos y por el impacto de conflictos internacionales.
Según un comunicado oficial, 13.500 millones de reales provendrán del Tesoro nacional, mientras que el banco estatal de desarrollo BNDES aportará los 5.000 millones de reales restantes en créditos.
El nuevo arancel del 25% sobre productos brasileños entró en vigor este miércoles, luego de que Estados Unidos acusara al país sudamericano de prácticas comerciales desleales. La medida se enmarca en una ofensiva global del presidente estadounidense Donald Trump, que también prepara nuevos gravámenes contra otros socios comerciales.
Inicialmente, el presidente Lula da Silva había criticado con dureza la decisión de Washington y prometió activar una ley de reciprocidad comercial. Sin embargo, este martes el gobierno brasileño moderó su postura. El vicepresidente Geraldo Alckmin declaró en conferencia de prensa: «La idea no es retaliar. En un ojo por ojo, lo que puede pasar es que los dos se queden ciegos». Alckmin agregó que «en lo que dependa de Brasil siempre habrá negociación».
El cambio de postura se da en medio de críticas de sectores empresariales, como fabricantes de calzado y maquinaria, que se opusieron a activar la ley de reciprocidad aprobada por unanimidad en el Congreso en abril de 2025. Alckmin calificó la medida estadounidense como «injusta y totalmente descabellada», señalando que la balanza comercial registra un superávit a favor de Estados Unidos.
Brasil también figura entre los países que podrían ser sujetos próximamente a aranceles del 12,5% por no imponer prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado, según el gobierno norteamericano.