El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, solicitó a la Fiscalía que actúe luego de que una educadora social de 27 años fuera agredida por un presunto interno de 17 años en un centro de menores de Zaragoza.
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), exigió a la Fiscalía que actúe tras una nueva agresión sufrida por una educadora social de 27 años, trabajadora de un centro de menores extranjeros no acompañados en Zaragoza, presuntamente cometida por un interno de 17 años.
Según informó el ejecutivo aragonés en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en el centro CAIIMA de Movera (Zaragoza) hace dos noches. La situación requirió la presencia policial debido a la «gran agresividad» del joven, de origen magrebí, quien fue detenido.
El joven profirió supuestamente amenazas «de muerte» y de contenido sexual hacia la educadora. Entre las amenazas citadas en la nota de prensa se incluye: «Tu cara es muy pequeña, te la voy a chafar contra la pared y te voy a sacar los ojos con mis dedos».
Desde la vicepresidencia del Gobierno autonómico señalaron que «este gravísimo incidente» ocurrió después de semanas en las que la educadora «ha sido sometida a un continuo y agresivo acoso por parte de este interno», según consta en la denuncia. La educadora se encuentra de baja tras recibir asistencia sanitaria.
Tras ser conducido a dependencias policiales en calidad de detenido, el supuesto agresor fue puesto en libertad, según la vicepresidencia autonómica. Como «medida de seguridad», la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), trasladó al joven a otro centro de menores fuera de Zaragoza.
En paralelo, el departamento dispuso un «estrecho seguimiento del caso para prestar apoyo y asistencia a la víctima y explorar todas las medidas legales posibles para reclamar responsabilidades penales».
La consejería confía en que la Fiscalía intervenga, dada «la gravedad y reincidencia de los hechos», y autorice la práctica de pruebas biológicas de edad con la máxima rapidez.
Nolasco declaró: «No puede ser que un inmigrante ilegal supuestamente menor de edad se desenvuelva con total impunidad en la comisión de hechos de este calibre, que someta a una joven trabajadora a agresiones físicas y verbales reincidentes, y que encima se beneficie de un sistema de protección social que sale carísimo a los españoles».