El ministro de Economía, Christian Morales, afirmó que la medida no responde a una imposición del FMI y que busca liberar recursos fiscales. El Gobierno también anunció el cierre de hasta diez empresas estatales deficitarias.
El Gobierno de Bolivia defendió este jueves su compromiso de eliminar desde enero de 2027 la subvención estatal a los combustibles y negó que la medida constituya una condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un crédito de 1.900 millones de dólares para el país. Además, anunció el cierre de hasta 10 empresas públicas, aunque no precisó cuáles son.
«No hay ningún condicionamiento en ese sentido (sobre la subvención a los combustibles); es un tema que nosotros hemos construido dentro del marco de las políticas fiscales y económicas que tenemos que sacar como país», afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, durante una conferencia de prensa.
El ministro sostuvo que la decisión responde a una cuestión de responsabilidad económica y defendió la eliminación del subsidio como una de las medidas que permitirán liberar recursos públicos para financiar hospitales, colegios, carreteras e infraestructura productiva.
El presidente Luis Arce Morales consideró que la política acordada con el organismo internacional es la correcta para apuntalar el crecimiento económico de Bolivia.
El compromiso de eliminar la subvención a los combustibles en 2027 está contemplado en el punto 13 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras enviado por el Gobierno al FMI como parte del proceso para acceder a un nuevo crédito. El documento establece que los precios nacionales de los carburantes deberán alcanzar, desde enero de 2027, un nivel de recuperación de costos, mientras el Gobierno incrementará el gasto específico en asistencia social para amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables.
Morales explicó que el Ejecutivo comenzó a finales de diciembre de 2025 a desmontar parcialmente la subvención, al considerar que el mecanismo beneficiaba solo a determinados sectores y, además, favorecía a las economías de países vecinos. El levantamiento total del subsidio será analizado hacia finales de este año, añadió el ministro, quien aseguró que el Gobierno no dejará de lado a los sectores vulnerables ante los posibles efectos de los ajustes en los precios de los carburantes.
La decisión representa un giro respecto de la política aplicada durante años en Bolivia para mantener los precios internos de los combustibles por debajo de sus costos de importación y producción.
Gobierno anuncia cierre de hasta 10 empresas públicas para reducir gasto estatal
Morales anunció que prepara el cierre de hasta una decena de empresas públicas deficitarias en los próximos meses, en una de sus primeras apuestas para reducir el gasto estatal. El ministro anticipó a la prensa local que la medida se ejecutará «en el muy corto plazo», aunque aclaró que la decisión definitiva dependerá de la evaluación financiera y jurídica de cada una. «Tenemos que ser mucho más eficientes con nuestros propios recursos», recalcó.
Según Morales, se trata de una política que busca reducir las cargas que representan para el Estado empresas que no cumplen con los objetivos para los que fueron creadas; para lo cual, a inicios de mes, la Oficina Técnica de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) realizó un diagnóstico a 67 empresas estatales y determinó que existen 15 en quiebre técnico.
En ese sentido, el funcionario aclaró que el cierre no será automático, ya que cada empresa presenta una situación diferente, por lo que el Gobierno debe determinar primero cómo resolver sus activos, pasivos y obligaciones pendientes antes de proceder a su liquidación.
Por otro lado, el ministro informó que el Gobierno ya consiguió reducir aproximadamente un 30 por ciento de la carga burocrática de las entidades del nivel central, incluidos el Órgano Ejecutivo y sus instituciones descentralizadas y desconcentradas, lo que generó un ahorro de unos 2.000 millones de bolivianos (unos 158 millones de dólares).