El 1 de octubre de 1996 la Ciudad de Buenos Aires sancionó su propia Constitución. Tres décadas después, funcionarios del Ministerio de Justicia porteño repasan los avances en autonomía y los traspasos que continúan bajo jurisdicción nacional.
El 1 de octubre de 1996, la Ciudad de Buenos Aires sancionó su propia Constitución. La norma organizó sus poderes, reconoció derechos y dio forma al régimen de autonomía establecido dos años antes por la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Treinta años después, la Ciudad cuenta con un Jefe de Gobierno elegido por voto directo, una Legislatura propia, un Poder Judicial local, organismos de control y una fuerza de seguridad. También asumió competencias que antes dependían de la Nación, como la administración del subte, la Policía y 31 líneas de colectivos que circulan íntegramente dentro del territorio porteño.
El proceso, sin embargo, no está completo. La Justicia ordinaria, el Puerto de Buenos Aires, la Terminal de Ómnibus de Retiro y otras áreas estratégicas continúan bajo jurisdicción nacional o con transferencias incompletas, según informaron autoridades porteñas.
Para analizar este balance, el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Gabino Tapia, y la Secretaría de Justicia, a cargo de Francisco Quintana, brindaron declaraciones a PERFIL.
Tapia afirmó que algunos de los principales avances en autonomía se produjeron a partir de la llegada del PRO al Gobierno porteño, cuando la Ciudad comenzó a asumir mayores responsabilidades sobre la seguridad y su territorio. «La Ciudad de Buenos Aires fue declarada autónoma hace 32 años, en la Reforma Constitucional de 1994, pero su autonomía aún está incompleta», declaró.
El punto de partida fue la reforma constitucional de 1994. Hasta entonces, la Ciudad de Buenos Aires era la Capital Federal y su máxima autoridad era designada por el Presidente de la Nación. El artículo 129 de la nueva Constitución Nacional reconoció un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y estableció que sus habitantes elegirían directamente a su jefe de Gobierno.
En 1996, la autonomía comenzó a hacerse efectiva. El 30 de junio se celebraron las primeras elecciones porteñas: la fórmula integrada por Fernando de la Rúa y Enrique Olivera obtuvo el 39,89% de los votos y de la Rúa se convirtió en el primer jefe de Gobierno elegido directamente por los ciudadanos.
Meses después, los 60 representantes elegidos para redactar la norma fundamental de la Ciudad sancionaron, el 1 de octubre de 1996, la Constitución porteña. Entre otras disposiciones, estableció la elección directa del jefe y vicejefe de Gobierno y el sistema de segunda vuelta cuando ninguna fórmula alcanza la mayoría absoluta.
Quintana definió aquel proceso como «un cambio institucional profundo». «La reforma constitucional de 1994 modificó el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires y le reconoció un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Dos años después, esa autonomía se concretó institucionalmente con la sanción de nuestra Constitución, el 1 de octubre de 1996», señaló.
Entre los avances, Quintana destacó la construcción de un Poder Judicial propio. «Hoy contamos con un sistema de selección de jueces mediante concursos públicos, un Ministerio Público organizado, herramientas tecnológicas avanzadas y una Justicia que incorporó tempranamente el expediente electrónico, la digitalización y, más recientemente, herramientas de inteligencia artificial», sostuvo.
Para Quintana, la falta de traspasos en áreas estratégicas limita la posibilidad de planificar la Ciudad de manera integral. «Una Ciudad no puede definir completamente su política urbana, de transporte, logística y desarrollo económico si existen dentro de su territorio espacios estratégicos cuya administración permanece en otra jurisdicción», explicó. Entre los principales casos mencionó el Puerto de Buenos Aires y la Terminal de Retiro.
Treinta años construyendo autonomía
Desde 1996, la Ciudad de Buenos Aires fue incorporando competencias y construyendo instituciones que antes dependían de la Nación. Tapia enumeró áreas concretas bajo responsabilidad porteña: «Lo que se construyó en estas tres décadas es concreto y visible: tenemos Policía y un Servicio Penitenciario propios, un Poder Judicial en expansión, el subte y 31 líneas de colectivo que operan bajo nuestra jurisdicción».
En materia de Seguridad y Justicia, el ministro mencionó la Ley de Reiterancia, que modificó el criterio para mantener detenidas a personas con causas penales abiertas, y la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad, aprobada este año para que la Ciudad pueda contar con una estructura propia para el alojamiento de detenidos.
El proceso se desarrolló por etapas. En 1998, la Ciudad creó su Poder Judicial; en 2005, sancionó la Ley Orgánica de Comunas; en 2012 asumió la gestión de los subterráneos; en 2016 avanzó el traspaso de efectivos de la Policía Federal y la conformación de la Policía de la Ciudad; en 2017 se firmó un nuevo convenio de transferencia de competencias judiciales; en 2018 se sancionó el primer Código Electoral porteño; y más recientemente se concretó el traspaso de las 31 líneas de colectivos cuyos recorridos se desarrollan íntegramente dentro de la Ciudad.
La Justicia, una de las principales deudas
A 30 años de la Constitución, todavía conviven en la Ciudad estructuras judiciales nacionales y porteñas, y el traspaso de competencias continúa abierto.
Para Tapia, completar el traspaso de la Justicia es uno de los pasos centrales pendientes. «Buenos Aires tiene el mismo derecho que las 23 provincias de impartir un servicio de Justicia ágil, cercano y propio», sostuvo. Destacó los convenios firmados para avanzar con las competencias laborales y penales no federales y recordó que la Corte Suprema ya reconoció el estatus autonómico porteño en distintos fallos, entre ellos «Corrales», «Nisman», «Bazán» y, más recientemente, «Levinas».
Este último marcó un punto importante al reconocer al Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia revisora de las sentencias dictadas por las cámaras nacionales ordinarias con competencia en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante 2026, según detallaron las autoridades porteñas, avanzaron las transferencias en materia laboral, penal no federal y penal juvenil. A principios de julio, la Ciudad y la Nación firmaron el cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales y un acuerdo específico para el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores. Ambos requieren completar los respectivos procesos legislativos para entrar en vigencia.
Otro de los cambios proyectados es la puesta en funcionamiento del fuero laboral porteño. La Legislatura aprobó en diciembre de 2024 la creación del fuero y su Código Procesal y, posteriormente, se firmó el convenio de transferencia con el Gobierno Nacional. La intención del Ejecutivo local, según Tapia, es que comience a funcionar durante el primer trimestre del próximo año.
También existen espacios y servicios estratégicos dentro del territorio porteño cuya administración continúa dependiendo de la Nación. Entre ellos aparecen el Puerto de Buenos Aires, la Terminal de Ómnibus de Retiro, estaciones ferroviarias y terrenos vinculados a las vías, además de otras competencias pendientes.
Los jefes de Gobierno de la autonomía
Desde la elección de de la Rúa en 1996, la Ciudad de Buenos Aires atravesó gobiernos de distinto signo y episodios institucionales que pusieron en funcionamiento las herramientas previstas por su nueva organización.
Tras la salida de de la Rúa para asumir la Presidencia en 1999, Enrique Olivera completó su mandato. Luego llegaron Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. En 2006, la destitución de Ibarra tras el juicio político por la tragedia de Cromañón constituyó el primer proceso legislativo de esas características contra un mandatario porteño.
En 2007 comenzó el ciclo del PRO con Mauricio Macri, quien gobernó durante dos períodos. Durante esos años se creó la Policía Metropolitana, antecedente de la actual Policía de la Ciudad. Horacio Rodríguez Larreta lo sucedió entre 2015 y 2023, períodos en el que se concretó la unificación de aquella fuerza con efectivos transferidos de la Policía Federal y se avanzó en grandes proyectos de infraestructura y urbanización. Desde diciembre de 2023, Jorge Macri ocupa la Jefatura de Gobierno.
Hacia los próximos 30 años
A 30 años de la Constitución, también aparecen nuevos desafíos que en 1996 no formaban parte de la agenda. Tapia puso el foco en el crecimiento de los delitos digitales: «El ciberdelito, la evidencia digital y la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión judicial exigen reglas claras», sostuvo.
Para Quintana, después de tres décadas el debate ya no pasa por la capacidad de la Ciudad para gobernarse, sino por completar las competencias que todavía están pendientes. «Después de 30 años, el desafío ya no es demostrar que la Ciudad puede ser autónoma. El desafío es terminar de hacer efectiva, en todos sus ámbitos, una autonomía que la Constitución Nacional ya reconoce», afirmó.
Tapia vinculó esa discusión con el origen de la Carta Magna porteña. «Repasando los debates de la Convención de 1996 encontramos la misma discusión que tenemos hoy: cómo hacer efectivo el mandato constitucional de autonomía de la Ciudad. La autonomía no es un capricho ni un fin en sí mismo, sino un instrumento para el desarrollo de la Ciudad. Es tener la potestad para decidir sobre lo que sucede en nuestro territorio, de la misma manera que lo hacen las otras 23 provincias», concluyó.