El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York desestimó la demanda colectiva contra el criptoempresario Hayden Davis y otros involucrados por el lanzamiento del token $LIBRA, difundido por el presidente Javier Milei en febrero de 2025. La jueza Jennifer Rochon rechazó las acusaciones bajo la ley RICO por considerarlas «vagas».
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York desestimó la demanda colectiva presentada por un grupo de inversores en Estados Unidos contra el criptoempresario Hayden Davis por el fallido lanzamiento del token $LIBRA, la criptomoneda difundida por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.
La decisión, firmada por la jueza Jennifer Rochon, exoneró a Hayden Davis, a su hermano Gideon, a su padre Thomas Davis, a su empresa Kelsier Ventures y al empresario Benjamin Chow, ex CEO de la plataforma Meteora.
En el fallo de 81 páginas, la jueza hizo lugar a los pedidos de los abogados defensores y desestimó el planteo de los inversores de encuadrar el caso dentro de la ley federal RICO, equivalente a la ley Antimafia argentina. Rochon afirmó que el estudio jurídico Burwick, que llevó el caso, nunca pudo probar que existiera una asociación ilícita sostenida en el tiempo o que fuera a continuar operando, y calificó las acusaciones como «vagas».
Además, señaló que, por jurisprudencia, se necesitan al menos dos años de operación para acusar a una organización como ilícita, mientras que la dupla Kelsier-Meteora funcionó apenas unos pocos meses. Ambos eran emprendimientos registrados.
La jueza también cuestionó la decisión de litigar en los tribunales de Nueva York, aun cuando Kelsier Ventures tiene sede en Texas. La justificación de los demandantes era que Chow residía en Nueva York, algo que la justicia consideró poco sustancial. Rochon no encontró indicios suficientemente fuertes de que Chow tuviera intención de defraudar, por lo que desestimó los cargos en su contra y, al quitar de la causa al único residente de Nueva York, cerró la presentación.
En la causa no estaban formalmente acusados ni Milei ni los lobbistas argentinos Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy, quienes se encontraban con Davis coordinando el lanzamiento desde Dallas.
El criptoescándalo tuvo dos vías judiciales: una en Estados Unidos y otra en Argentina. En Argentina se apuntó contra Milei, Karina Milei, sus lobbistas, Hayden Davis y el empresario Julian Peh; en Estados Unidos se desestimó ir contra los argentinos y se enfocaron únicamente en los involucrados norteamericanos.
Se trató de una demanda civil en primera instancia, apuntada a recuperar los fondos que quedaron en manos de Davis, quien declaró haberse hecho de unos 110 millones de dólares en criptoactivos tras el colapso de $LIBRA en febrero de 2025, cuando el precio subió de 0,05 centavos de dólar a casi 5 dólares en apenas una hora antes de desplomarse.
En una primera instancia, la jueza Rochon había autorizado un congelamiento de las billeteras virtuales que tenían esos 110 millones de dólares a pedido del estudio jurídico Burwick. Sin embargo, en agosto del año pasado, la jueza decidió levantar el congelamiento, lo que se consideró un primer triunfo de la estrategia judicial de los Davis.
Con los fondos disponibles, Davis comenzó a mover los cerca de 110 millones de dólares para armar un fideicomiso que apunte a volver a poner en funcionamiento la idea de financiar empresas argentinas.
Burwick amplió la demanda y trató de forzar una asociación ilícita (Ley RICO) además de sumar más criptomonedas desarrolladas por Kelsier-Meteora, en un intento de tener un volumen mayor de damnificados. A finales del año pasado, los abogados de Davis lanzaron el fideicomiso y el expediente en Estados Unidos quedó casi en silencio.
Recién hace unas semanas volvió a moverse, cuando el estudio Burwick presentó un nuevo recurso para ampliar el alcance de la ley RICO en base a más jurisprudencia y a sumar un nuevo abogado para el caso. Pero la sentencia de Rochon estaba al caer. Clarín consultó al estudio Burwick si planean apelar, pero hasta el momento omitieron opinión.
En Argentina, esta semana la Cámara Federal porteña declaró inadmisible el pedido de los inversores para reclamar en Casación Penal por la decisión de quitarlos como querellantes de la causa donde se investiga el criptoescándalo, al considerar que se pusieron en riesgo al comprar el activo $LIBRA. La medida fue adoptada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, estos dos últimos designados por la Casa Rosada para la Cámara. Con esta decisión, la investigación del caso recae únicamente en las decisiones del fiscal Eduardo Taiano.