El recinto de la Legislatura de Córdoba permanece sin actividad desde el 22 de septiembre debido a la disputa entre el peronismo y el radicalismo por la situación de la legisladora Alejandra Ferrero. El PJ reclama que se aparte de su banca mientras se investiga a un empleado suyo; la UCR la ratificó como presidenta de su bloque.
La Legislatura de Córdoba no ha vuelto a sesionar desde el 22 de septiembre, cuando la sesión concluyó con el retiro del bloque del Partido Justicialista (PJ). La reunión prevista para el 7 de octubre se interrumpió a los tres minutos por falta de quórum, sin tratar la agenda parlamentaria.
El conflicto se centra en la solicitud del PJ de que la legisladora Alejandra Ferrero, del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), se aparte temporalmente de su banca mientras se esclarece la causa judicial que involucra a un empleado de su despacho. La Justicia dictó prisión preventiva a Omar Ludueña, asignado a la oficina de Ferrero, en una causa por supuesto abuso sexual.
En respuesta, la UCR designó a Ferrero como presidenta de su bloque. La decisión fue oficializada en la Casa Radical y comunicada por el bloque que conduce Rodrigo de Loredo. Los 18 legisladores radicales votaron a favor de la designación, que según el PJ busca condicionar a la oposición.
El legislador Leonardo Limia, del PJ, calificó el caso como «grave» y sostuvo que la UCR debe aplicar el mismo criterio que exigió cuando el exlegislador Ramón «Cañito» Flores quedó involucrado en un escándalo por sus asesores con antecedentes penales. Desde la UCR se considera que existe una persecución contra Ferrero y que el oficialismo busca forzar una concesión que no obtuvo por la vía de los votos.
La confrontación también se trasladó a las redes sociales. Matías Gvozdenovich, quien dejó la jefatura del bloque radical para asumir la conducción partidaria, acusó al peronismo de ocultar divisiones internas y responsabilizó al gobernador Martín Llaryora por la falta de sesiones. El jefe oficialista respondió con críticas a Gvozdenovich. El radical Miguel Nicolás también se pronunció sobre las causas judiciales que involucran a funcionarios provinciales.
Mientras tanto, la agenda legislativa acumula pliegos, pedidos de informes y proyectos sin tratamiento. El legislador Oscar Agost Carreño, de la UCR, depositó expectativas en un proyecto del Ejecutivo para unificar el marco normativo de fomento industrial, presentado en comisión por el ministro Fernando Sibilla, que tuvo recepción favorable entre los bloques opositores. Sin embargo, no está definido cuándo llegará al recinto.
En el PJ también existen diferencias sobre la estrategia de no sesionar. Algunos sectores sostienen el reclamo contra Ferrero, mientras otros advierten sobre el costo político de paralizar el recinto. Las conversaciones entre bloques no han arrojado resultados y la fecha que gana terreno para una nueva sesión es el 28 de octubre, lo que implicaría más de un mes sin actividad efectiva.