A medida que se acerca el día de votación, la administración de Donald Trump ha impulsado medidas como demandas a estados, investigaciones penales y el envío de observadores electorales, mientras funcionarios estatales y sectores demócratas expresan preocupación por posibles interrupciones en la votación y el recuento.
A medida que se acerca el día de votación en Estados Unidos, comienzan a perfilarse los contornos de una mayor intervención federal por parte de la administración de Donald Trump y del temor a que decida impugnar algunos centros de votación. El mandatario republicano ya viene cuestionando la integridad de las elecciones estadounidenses y ha instado a su partido a “nacionalizar” el voto en al menos 15 lugares.
Ante este escenario, funcionarios estatales –y sectores demócratas– se preparan ante el temor de que las autoridades federales interrumpan la votación, cuestionen el recuento o bloqueen resultados desfavorables. Ya hay medidas en ese sentido, lo que despierta temor en la oposición.
El Departamento de Justicia (DOJ), bajo la dirección de Todd Blanche —quien no ha descartado impugnar los resultados—, intensificó su supervisión mediante múltiples frentes. En primer lugar, demandó a 30 estados y al Distrito de Columbia para obtener listas de votantes y exigió apartar de esas listas a 20.000 personas en California y más de 400 en Washington bajo la sospecha de que no son ciudadanos de EE.UU.
Un juez federal ya rechazó la petición de California por perturbar unos comicios en curso, y diversos estudios confirman que este fenómeno es excepcionalmente raro.
En segundo lugar, abrió una investigación penal sobre una candidatura demócrata en Alaska y se indagó a la representante Ilhan Omar en Minnesota, generando dudas sobre la certificación de votos.
Por otro lado, el Departamento de Justicia advirtió a los funcionarios estatales sobre posibles procesos judiciales si permiten votar a no ciudadanos. En esa misma línea, Trump ofreció un millón de dólares por información sobre posibles fraudes.
Hay otro punto que genera temor. El DOJ enviará unos 1.000 observadores electorales a los 50 estados, en una maniobra de intimidación. Expertos advierten sobre posibles confiscaciones de material electoral o tácticas para desacreditar los votos por correo y el escrutinio posterior.
El departamento de Justicia les restó importancia a las críticas, afirmando que los agentes estarán desarmados, tendrán prohibido interferir en la votación y no provendrán ni del FBI ni del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Figuras como el exsecretario de Justicia Eric Holder señalan que el verdadero objetivo de Trump con estas acciones es político: socavar la confianza pública en el sistema y disuadir la participación ciudadana.