La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales pidió al Gobierno y a la CRA evaluar el régimen tarifario del servicio de acueducto tras reportes de alzas en varias ciudades. La directora de la CRA afirmó que el nuevo esquema no busca aumentar tarifas, sino reflejar costos reales.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) solicitó al Gobierno nacional y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) abrir una revisión del actual régimen tarifario del servicio de acueducto, tras el reporte de recientes incrementos en las facturas en varias ciudades del país.
La petición está respaldada por los alcaldes de las 32 capitales, como respuesta a la entrada en vigencia de la nueva metodología regulatoria expedida por la CRA. Según el comunicado oficial, diferentes empresas prestadoras han informado a los usuarios ajustes en los cobros por el servicio como resultado de la implementación del nuevo esquema de precios.
Uno de los casos más notorios es el del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que anunció un aumento gradual en el valor de la factura durante el periodo de transición hacia el nuevo modelo. Esta situación se replicó en otras capitales, en las que ciudadanos han manifestado su preocupación por el impacto de los cambios en el costo final del servicio.
Desde Asocapitales señalaron que, aunque la definición de las tarifas corresponde a la CRA y su aplicación a las empresas, los alcaldes y administraciones municipales reciben de manera directa las reclamaciones de los usuarios, sin tener competencia legal para modificar los criterios tarifarios. “Esta situación pone de presente la necesidad de abrir una discusión técnica e institucional sobre el actual marco tarifario”, indicó la asociación.
Por lo tanto, pidió garantizar la sostenibilidad financiera de los prestadores y promover inversiones para asegurar la continuidad y calidad del servicio, pero advierte que es fundamental evaluar el efecto de las decisiones regulatorias sobre la capacidad de pago de los hogares colombianos. Entre los temas a revisar está la gradualidad de los incrementos, la distribución de costos, los incentivos a la eficiencia, el peso de los componentes regulatorios y ambientales, y la necesidad de mecanismos que reduzcan impactos desproporcionados en los usuarios.
Las ciudades capitales concentran cerca de la mitad de la población nacional y representan la mayor demanda de los servicios de agua potable y saneamiento básico, por lo que cualquier modificación en la regulación afecta a millones de hogares y la competitividad urbana. En ese contexto, Asocapitales propuso la creación de una mesa técnica nacional que, con participación de las ciudades capitales, revise los impactos del nuevo marco tarifario y avance hacia una regulación concertada con los territorios. El objetivo, señalaron en la asociación, debe ser consolidar un esquema tarifario que preserve la sostenibilidad de los sistemas de acueducto, incentive la eficiencia y garantice tarifas justas y acordes con la capacidad de pago de los hogares.
Las ciudades capitales reiteraron su compromiso en la búsqueda de soluciones para garantizar el acceso al agua potable como derecho fundamental y asegurar que la regulación responda tanto a criterios técnicos como a las realidades económicas y sociales del país.
La directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Gloria Esperanza Narváez, afirmó que el nuevo régimen tarifario para el servicio de acueducto no fue diseñado para incrementar los cobros. El pronunciamiento surgió en medio de la preocupación ciudadana por el alza en las facturas de agua en varias regiones del país tras la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario, fijado en la resolución 1032 del 24 de marzo de 2026. De acuerdo con Narváez, el impacto en los recibos dependerá de la situación financiera y operativa de cada empresa y territorio. “Las fórmulas de la CRA son generales y el impacto depende de la realidad financiera”, declaró la funcionaria en entrevista con Caracol Radio. En el caso del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), la funcionaria sostuvo que el gerente financiero Darío Lizcano explicó que la nueva estructura tarifaria, vigente desde el 1 de julio de 2026, reestructuró la composición de los cobros. Según Lizcano, “el cargo fijo, asociado a los costos de administración, registró una disminución de aproximadamente el 22%, mientras que el cargo por consumo, que incluye costos operativos, tasas, impuestos e inversiones, aumentó un 37%”. El directivo señaló que, al promediar estos factores sobre un consumo residencial de 13 metros cúbicos, el impacto final estimado en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta será del 25% en la factura. Para mitigar el efecto económico, la empresa implementó un plan de aplicación progresiva. “Comenzamos con un incremento del 16% y va a tener una senda de incremento de seis meses hasta llegar al tope estimado”, detalló Lizcano durante la entrevista.