El arresto de Omar Manuel Ludueña, empleado de la Legislatura de Córdoba y asesor del bloque UCR, derivó en un intercambio de declaraciones entre el jefe del oficialismo, Facundo Torres, y el titular de la bancada radical, Matías Gvozdenovich. La discusión se centró en los antecedentes judiciales de asesores legislativos.
La detención de Omar Manuel Ludueña, empleado de planta de la Legislatura de Córdoba y asesor del bloque radical, generó declaraciones cruzadas entre el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, y el titular de la bancada de la UCR, Matías Gvozdenovich.
Ludueña fue detenido en el Polo de la Mujer tras una orden de captura librada por la fiscal Ingrid Vago. Se le imputa abuso sexual agravado a partir de la denuncia de dos hermanas adoptivas. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2017 contra una de ellas, cuando tenía 14 años. El imputado, que se desempeñaba en el despacho de la legisladora Alejandra Ferrero, rechazó los cargos a través de su defensa y atribuyó la causa a «tintes electorales».
Torres cuestionó la postura de la oposición y sostuvo: «Montar un show y sobreactuar indignación es fácil. Lo difícil es sostener la misma posición cuando los hechos aparecen dentro de las propias filas. Cuando uno pasa demasiado tiempo repartiendo agua bendita, llega un momento en que también tiene que enfrentar su doble y escurridiza moral». El oficialista hizo referencia al caso del exlegislador Ramón «Cañito» Flores, quien renunció a su banca en medio de investigaciones sobre su entorno.
Gvozdenovich respondió: «No somos iguales. No hay nada que comparar». El radical defendió el accionar de Ferrero y de la concejala Elisa Caffaratti. «No escondieron nada. No cajonearon ninguna denuncia. No buscaron una licencia para proteger a un legislador. No hubo encubrimiento, connivencia ni silencio cómplice», afirmó. Además, calificó como «una maniobra miserable» el intento de comparar ambos casos.
Torres replicó en redes sociales: «No, no somos iguales, en eso tenés razón. Nosotros no necesitamos del oportunismo, el cinismo, la manipulación y la hipocresía para hacer política». Y agregó: «Hicieron lo que tenían que hacer frente a hechos públicos que no les dejaban demasiado margen. No vendan bondad donde hubo solo un intento de salir de una crisis que los desbordó».
La legisladora radical Brenda Austin también se pronunció: «El peronismo quiere hacer creer que todos somos lo mismo. Sin embargo, este hecho muestra el abismo ético que nos separa». Austin sostuvo que, en el caso de Ludueña, «la víctima se contacta con la concejala Elisa Caffaratti, quien va a la Justicia, en vez de encubrirlo, protegerlo y ascenderlo».
El caso Ludueña reabrió el debate sobre los antecedentes judiciales de asesores en la Legislatura. El oficialismo cuestionó la falta de «misma vara» para medir responsabilidades institucionales, mientras que la UCR rechazó las comparaciones y calificó la embestida del PJ como una «canallada política».
En el caso de «Cañito» Flores, que debió renunciar a su banca, estuvieron involucrados su exasesor José Aníbal Ricardo Villarreal, imputado por abuso sexual infantil, grooming y producción de material de abuso infantil, y su excolaborador Ariel Alejandro Rodríguez, con condena firme a prisión por peculado y usurpación.