El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves tras la intervención de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros y desencadenó una crisis financiera, judicial y política. La medida se produjo luego de que la Cámara de Diputados comenzara a tratar un pedido de juicio político en su contra.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo, casi dos años antes de completar su mandato, en el marco de la crisis derivada de la intervención de Ueno Bank. La decisión se produjo luego de que la Cámara de Diputados iniciara el tratamiento de un pedido de juicio político en su contra.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», expresó Peña en un mensaje grabado. El mandatario, que había asumido el 15 de agosto de 2023, pidió disculpas a los paraguayos y afirmó que su prioridad era garantizar la devolución de los ahorros afectados.
La intervención de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) el martes 3 de noviembre, dejó a aproximadamente 2,9 millones de clientes sin acceso normal a sus fondos. La entidad registraba un índice de solvencia del 5,56%, por debajo del mínimo regulatorio del 12%. Ese mismo día, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, presentó su renuncia a pedido de Peña, y la Fiscalía detuvo a ocho directivos vinculados con el banco.
El miércoles 4 de noviembre, 35 diputados presentaron un proyecto de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, argumentando un posible conflicto de intereses por la antigua participación accionaria de Peña en Ueno Holding y la colocación de recursos públicos en la entidad durante su presidencia. El Congreso aprobó ese día una modificación a la ley de garantía de depósitos que permite adelantar pagos a los ahorristas por hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a unos 121,7 millones de guaraníes.
La situación de Peña se agravó cuando Horacio Cartes, expresidente y principal referente del Partido Colorado, anunció su apoyo al juicio político. Hasta entonces, Peña contaba con el respaldo de su espacio político.
Los cuestionamientos sobre Ueno Bank se remontan a meses atrás. En julio de 2026, habría circulado dentro del BCP un memorando técnico elaborado por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, que advertía sobre cifras llamativas en los balances de la entidad. El 6 de julio, mediante el decreto 6329, el Poder Ejecutivo trasladó a Rivarola a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). La coincidencia temporal fue objeto de un pedido de informes legislativo impulsado el 7 de septiembre por los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios.
Durante octubre, los cuestionamientos se intensificaron. El 18 de octubre, la Asociación de Bancos del Paraguay solicitó información al regulador sobre la solvencia de entidades que habían recibido facilidades en procesos de fusión. El 27 de octubre, Peña pidió calma y prudencia, y sostuvo que algunas controversias respondían a interpretaciones periodísticas. Menos de una semana después, el BCP dispuso la resolución de la entidad.
Ueno Bank había nacido en 2023 a partir de la transformación de una entidad financiera vinculada al Grupo Vázquez, con un modelo de banca digital y una estrategia agresiva de captación de clientes. Según estimaciones de gremios de asegurados, los fondos públicos y previsionales comprometidos en el banco superaban los US$860 millones, de los cuales alrededor de US$380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS).
Tras la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia para completar el mandato hasta 2028. La Justicia continúa investigando las operaciones de Ueno Bank, mientras las autoridades financieras deben determinar cómo se atenderán las obligaciones con los depositantes. La calificadora Moody’s advirtió que la crisis representa un acontecimiento crediticio negativo para el sistema financiero paraguayo, aunque consideró que sus consecuencias podrían ser manejables si el procedimiento de resolución se desarrolla de manera ordenada.