A través del decreto 1203, el Poder Ejecutivo estableció las condiciones para que los empleados estatales puedan adherir al retiro voluntario entre el 1 y el 30 de noviembre. En paralelo, se publicaron en el Boletín Oficial más de 50 nombramientos de funcionarios, en su mayoría exceptuados de requisitos de contratación.
El Gobierno nacional avanza en la implementación de un plan de retiros voluntarios destinado a reducir al menos 20 mil puestos de trabajo en la administración pública nacional. Mediante el decreto 1203, publicado en el Boletín Oficial el 19 de octubre, se establecieron las condiciones y mecanismos para que los empleados estatales puedan adherir a la medida entre el 1 y el 30 de noviembre.
La norma fundamenta la iniciativa en el marco de la «transformación y reorganización del Estado nacional», orientada a la «optimización de sus estructuras y dotaciones, procurando una adecuada y eficiente asignación de recursos públicos».
De forma simultánea, durante octubre se oficializaron más de 50 designaciones de funcionarios, según un relevamiento de registros diarios. En el 81% de los casos, los nombramientos estaban exceptuados de cumplir con dos requisitos vigentes: las condiciones mínimas de preparación y formación establecidas en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, y la disposición del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que limita la cantidad de contrataciones.
La autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos del artículo 14 aparece en más de 40 resoluciones. Dicho artículo exige, en términos generales, título universitario de grado, especialización avanzada en el campo profesional correspondiente y experiencia laboral acreditada no inferior a tres o seis años, según el rango.
Asimismo, el decreto 934 del 31 de diciembre de 2025 impide las designaciones o contrataciones de personal de cualquier naturaleza. No obstante, los nombramientos se encuadran en el artículo 2 de ese instrumento, que contempla un listado de excepciones.
Entre las designaciones de octubre se encuentra la de Javier Nicolás Prizito como titular de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital de la Secretaría de Vocería Presidencial. Su nombramiento está alcanzado por ambas excepciones: no rigen las restricciones de contratación ni las disposiciones del artículo 14. Prizito había sido designado formalmente en junio de 2024 como Director de Campañas de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría General de la Presidencia, también exceptuado de los requisitos para el nivel B del convenio. Luego fue designado por Manuel Adorni, desde el 1 de marzo de 2025, como Director Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios, con nivel A de contratación. Para la función asignada en 2026 volvió al nivel B original.
Otro cargo vinculado a comunicación es el de Arturo Alejandro Stanic como Coordinador Operativo de la Unidad de Comunicación de Gestión del Jefe de Gabinete, publicado el 26 de octubre. En la disposición oficial no se indica ninguna salvedad para cubrir el puesto. En la Jefatura de Gabinete y sus dependencias, el 92% de los nombramientos presenta dispensas, mientras que en ministerios como Capital Humano esas excepciones alcanzan al 75% de los contratados. En Salud, el 80% no cumple con algunos de los requisitos, especialmente las condiciones de contratación.
Dos ejemplos sin restricciones son los de Pablo Masaragian como secretario nacional de Discapacidad desde el 9 de octubre, y el de Juan Manuel Moreno como subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El relevo en el área ocurrió tras la renuncia de Alejandro Vilchez, sucesor de Diego Spagnuolo, y el accidente de tránsito que sufrió su reemplazo, Pablo Di Liscia, designado en septiembre y que permaneció poco más de una semana en la función.
En los últimos días de octubre, el Boletín Oficial también formalizó la designación de Cecilia Candela Rivero al frente de la Dirección Nacional de Relaciones con las Provincias de la Jefatura de Gabinete, mediante una resolución firmada por Diego Santilli, quien también la exceptuó de cumplir con las exigencias del artículo 14 del convenio colectivo.
Detalles del plan de retiros voluntarios
El plan de retiros está orientado a empleados de la administración pública con contrato permanente o por tiempo indeterminado. Los beneficiarios se dividen en tres grupos: el primero, mujeres desde 58 años y hombres desde 63, ambos con aportes jubilatorios suficientes; el segundo, mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 con un mínimo de 30 años de aportes; y el tercero, mujeres de hasta 57 años inclusive y hombres de hasta 62.
Quedan excluidos del régimen el personal de las Fuerzas Armadas en actividad y retirado que preste servicios militares; de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en actividad y retirado que preste servicios por convocatoria; de la Secretaría de Inteligencia de Estado; del Servicio Exterior de la Nación; de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; del Sistema Federal de Manejo del Fuego; el personal de Orquestas, Coros y Ballet Nacionales; y aquellos que se desempeñen en cargos docentes o cargos civiles con prestación de servicios en el exterior del país.
Postura de ATE
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó para protestar contra lo que considera un «plan de despidos extorsivos». Advirtió que quien adhiera no podrá volver al sector público nacional por ocho años y que las vacantes no se cubrirán por al menos dos años. «No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social», concluyeron desde el gremio.